La Guardia Civil ha desarticulado en Archena (Murcia) una trama dedicada a la expedición fraudulenta de certificados de empadronamiento a ciudadanos extranjeros. La operación, denominada «Falsitatis», ha concluido con la detención de dos personas, entre ellas un funcionario municipal, como presuntos autores de un delito de falsedad documental.

La investigación comenzó en 2024, después de que el Ayuntamiento de Archena pusiera en conocimiento de la Guardia Civil unas presuntas anomalías detectadas en el padrón municipal. Desde otras comunidades autónomas se había alertado de la presentación de certificados expedidos por el Consistorio murciano que resultaban sospechosos de falsedad.

Especialistas de Policía Judicial se hicieron cargo de las pesquisas y analizaron la base de datos del padrón municipal. Durante la investigación detectaron irregularidades como referencias erróneas de viviendas o un número excesivo de personas empadronadas en un mismo domicilio.

Tras poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, los agentes intervinieron los medios informáticos utilizados para la expedición de los documentos oficiales. El análisis del contenido digital permitió detectar en torno a 600 certificaciones fraudulentas expedidas entre 2021 y 2024.

La investigación se centró entonces en un funcionario municipal encargado de gestionar este tipo de trámites. Según la Guardia Civil, este empleado habría expedido documentos oficiales con datos falsos, erróneos o modificados, presuntamente a cambio de dinero.

Durante la entrada y registro autorizada en su domicilio, los agentes se incautaron de una importante cantidad de documentación, entre certificados y solicitudes, además de terminales de telefonía móvil e incluso un sello municipal.

La Guardia Civil identificó posteriormente a un segundo implicado. Se trataría de la persona encargada de poner en contacto a ciudadanos extranjeros con el funcionario detenido. Según la investigación, este individuo se valía de su origen para contactar con compatriotas a los que ofrecía certificados de empadronamiento «a medida».

Los investigadores sostienen que ambos llegaron a cobrar entre 50 y 600 euros por cada certificación fraudulenta, en función del tipo de trámite solicitado.

El empadronamiento constituye un documento clave para múltiples gestiones administrativas, por lo que su falsificación o manipulación puede facilitar el acceso irregular a determinados procedimientos, servicios o derechos asociados a la residencia en España.

La operación «Falsitatis» ha permitido esclarecer un entramado que, según la Guardia Civil, operó durante varios años desde el interior de la administración local, aprovechando el acceso a documentos oficiales para expedir certificados fraudulentos destinados a ciudadanos extranjeros.