Más de 21.400 personas fallecieron en España durante los nueve primeros meses de 2026 mientras esperaban una valoración de dependencia o una prestación a la que tenían derecho, según el Observatorio Estatal de la Dependencia. El informe, publicado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, cifra en 236.736 las personas que seguían pendientes de algún trámite o atención al cierre de septiembre.

Los datos vuelven a poner bajo el foco la eficacia del sistema de cuidados, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara 6.200 millones de euros adicionales para dependencia entre 2026 y 2027. La asociación advierte de que la reducción de las listas de espera avanza a un ritmo insuficiente y reclama mecanismos que garanticen que los recursos se traduzcan en una mejora efectiva de las prestaciones.

De las personas que permanecían pendientes de atención, 150.760 tenían reconocido el derecho a recibir un servicio o una prestación, pero todavía no lo habían obtenido. Otras 85.976 esperaban que la Administración valorase su grado de dependencia. La demora media para resolver los expedientes alcanzó los 314 días, 27 menos que al comienzo del año, pero todavía muy por encima del plazo máximo de 180 días establecido en la normativa. Murcia registró el mayor tiempo medio, con 529 días, seguida de Asturias, con 413, y Andalucía, con 402.

El reparto territorial también refleja importantes diferencias. Cataluña acumulaba 67.319 personas pendientes de algún procedimiento; Andalucía, 39.505; la Comunidad Valenciana, 33.350, y Canarias, 14.638. En conjunto, estas cuatro comunidades concentraban alrededor del 65% de los casos contabilizados.

La prestación media para cuidados familiares se situaba en apenas 260 euros mensuales, mientras que la ayuda vinculada a una plaza residencial alcanzaba los 545 euros al mes. El servicio de ayuda a domicilio ofrecía una media de 39 horas mensuales.

El Ministerio de Derechos Sociales sostiene, sin embargo, que la evolución general es positiva. En su balance del tercer trimestre afirma que la lista de espera definida según los incumplimientos de los plazos legales había disminuido un 22,7% interanual y que el sistema alcanzaba un récord de 1.748.901 personas con prestación efectiva.