Casi la mitad de los españoles sospecha que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza la regularización masiva de inmigrantes y las nacionalizaciones aceleradas vinculadas a la ley de nietos como una operación de «ingeniería electoral» para ampliar el censo antes de las próximas elecciones generales.

Así lo refleja una encuesta de Target Point para El Debate, según la cual el 36,4% de los entrevistados considera que el objetivo de ambas medidas es aumentar el número de electores en favor del PSOE. Otro 11,4% comparte las sospechas y señala, además, que el Tribunal Supremo «abrió la puerta a que la UE suspenda la regularización por violar el derecho europeo».

En conjunto, el 47,8% de los encuestados cuestiona las intenciones del Ejecutivo y relaciona estas iniciativas con un posible cálculo electoral. Las dudas han aumentado tras las informaciones publicadas por El Debate sobre las irregularidades detectadas en la aplicación de la conocida como ley de nietos, incluida como disposición adicional en la ley de Memoria Democrática, y sobre la concesión acelerada de nacionalidades.

La oposición ha comenzado a tomar medidas para fiscalizar estos procedimientos y evitar posibles irregularidades en la elaboración del censo electoral. El temor se centra en que las nacionalizaciones exprés permitan incorporar a nuevos votantes sin las garantías y comprobaciones exigibles.

Un 13,5% de los consultados admite que puede existir un cálculo electoral detrás de las decisiones del Ejecutivo, aunque considera que tanto la regularización como la ley de nietos son medidas legítimas. Aproximadamente dos de cada diez rechazan cualquier maniobra y sostienen la versión del Gobierno, que presenta ambas iniciativas como políticas de «justicia social e histórica».

Las diferencias son profundas según la intención de voto. El 57% de los potenciales electores del PSOE niega que exista «ingeniería electoral», un porcentaje similar al registrado entre los votantes de Podemos, donde alcanza el 54%.

El respaldo a la explicación del Ejecutivo desciende entre los electores de Sumar, con un 36%, y entre los votantes de los partidos separatistas, con un 24%. Dentro del espacio encabezado por Yolanda Díaz, un 22% sí considera que existe un intento de alterar el censo. La misma sospecha es compartida por casi el 20% de los nacionalistas.

La percepción cambia de forma radical entre los votantes de la derecha. Una amplia mayoría de los electores del PP, VOX y Se Acabó La Fiesta considera que las medidas impulsadas por Sánchez responden a una estrategia para modificar la composición del electorado y favorecer las opciones del PSOE.

La encuesta fue elaborada por Target Point mediante 1.004 entrevistas online realizadas entre el 15 y el 17 de julio de 2026. El estudio abarca las 17 comunidades autónomas —sin Ceuta y Melilla— y tiene un margen de error de ±3,1% para un nivel de confianza del 95,5%.