VOX y PP han llegado a un acuerdo para incorporar criterios de arraigo en ayudas al alquiler joven en el Ayuntamiento de Castellón, una medida que permitirá introducir por primera vez en unas bases municipales de vivienda el principio de prioridad nacional. El pacto modifica el sistema de valoración de estas ayudas con el objetivo de dar más peso a la vinculación de los solicitantes con la ciudad.

El entendimiento entre ambas formaciones ha llevado a VOX a retirar la moción que había registrado inicialmente sobre esta materia. El partido considera que el acuerdo alcanzado con el PP supone un avance relevante en la aplicación de este criterio dentro de las políticas locales de vivienda, aunque advierte de que seguirá intentando ampliar esta línea de actuación en futuras iniciativas, siempre dentro del marco legal.

Las nuevas bases tendrán en cuenta distintos elementos relacionados con el arraigo en Castellón. Entre ellos, se valorará con mayor puntuación el tiempo de empadronamiento en el municipio, haber nacido en la ciudad, haber estudiado en ella o desarrollar allí la actividad laboral. También se considerará la existencia de familiares directos en Castellón como indicador de vínculo estable con el entorno local.

Además, el acuerdo contempla una valoración positiva para los jóvenes que estén trabajando, cursando estudios o participando en programas de empleo. La intención, según sus impulsores, es respaldar a quienes están realizando un esfuerzo activo para emanciparse y desarrollar su proyecto de vida en la ciudad.

Las bases también incorporarán situaciones de especial vulnerabilidad. En este apartado se incluyen circunstancias como formar parte de una familia numerosa, pertenecer a una familia monoparental o tener algún tipo de discapacidad. Con ello, el Ayuntamiento pretende combinar los criterios de arraigo con factores sociales y personales que puedan justificar una mayor necesidad de apoyo.

El portavoz adjunto de VOX en el Ayuntamiento de Castellón, Alberto Vidal, ha defendido que la medida responde a un planteamiento de «justicia y sentido común». Según ha señalado, no se busca excluir a ningún solicitante, sino ordenar las prioridades de manera «lógica y responsable» para garantizar la cohesión social y un uso adecuado de los recursos públicos.

Este acuerdo municipal llega en un momento en el que VOX también pretende llevar el principio de prioridad nacional a los próximos presupuestos de la Generalitat Valenciana. Según la formación, este criterio será uno de los tres grandes ejes de las cuentas autonómicas, junto a la vivienda y la reforma fiscal.

Esa reforma fiscal, de acuerdo con lo adelantado por OkDiario, supondría un ahorro aproximado de 400 euros por valenciano. VOX vincula esa rebaja impositiva con una estrategia política más amplia centrada en reducir cargas a los ciudadanos, reforzar el acceso a la vivienda y priorizar a quienes acrediten mayor vinculación con el territorio.

El Ayuntamiento de Castellón, gobernado por PP y VOX, ya había aprobado en diciembre de 2025 una nueva rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles para el ejercicio de 2026. Aquella medida supuso una reducción adicional del 2% en el recibo del IBI y dejó el tributo un 8% por debajo del nivel existente en 2023, cuando el Consistorio estaba dirigido por PSOE y Compromís con Amparo Marco como alcaldesa.