El futuro de la Política Agraria Común (PAC) abre un nuevo frente entre el campo español y Bruselas. El Gobierno de Castilla-La Mancha advierte de que la propuesta planteada por la Comisión Europea para el periodo 2028-2034 supondría disponer de hasta 45.000 millones de euros menos y teme que la reducción de recursos termine dificultando uno de los principales desafíos del sector: incorporar a una nueva generación de profesionales a las explotaciones agrarias.

Según publica este jueves El Debate, las organizaciones agrarias castellanomanchegas afrontan esta negociación europea después de meses marcados por las protestas ante los problemas del agua, las plagas, la situación de determinadas cosechas y la creciente carga administrativa. A esas reivindicaciones se suma ahora la incertidumbre provocada por el diseño de la próxima PAC, que el citado medio cifra en recortes de hasta el 20%.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha situado la financiación como una «línea roja» para Castilla-La Mancha. Su departamento sostiene que el próximo marco comunitario debe mantener, al menos, el volumen presupuestario actual y reclama además una reducción de la burocracia. Sólo en la región se revisan cada campaña unos 82.000 expedientes relacionados con la PAC, según explicó el propio consejero la semana pasada.

El Ejecutivo autonómico también reclama que el 10% de los recursos se destine a facilitar la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos, una posición que Castilla-La Mancha ha defendido ante el Comité Europeo de las Regiones y que también ha respaldado el Gobierno de España. La propuesta inicial de la Comisión contemplaba un porcentaje inferior para estas políticas.

La preocupación llega precisamente cuando la región intenta aumentar el número de jóvenes que trabajan en el sector primario. Durante la actual legislatura, la Junta asegura haber facilitado la incorporación de 1.552 jóvenes mediante ayudas para crear sus propias empresas agrarias, de los que un 33% son mujeres. Desde 2015, el programa ha alcanzado a más de 5.300 nuevos profesionales.

El debate presupuestario coincide además con las críticas de Asaja por la gestión de los fondos europeos ya concedidos. Castilla-La Mancha tuvo que devolver 35 millones de euros procedentes del Programa de Desarrollo Rural 2014-2022 después de que una parte de las partidas no fuera ejecutada dentro del plazo, según informó en febrero El Debate citando fuentes del Ministerio de Agricultura. La organización agraria denunció entonces que ese dinero estaba destinado, entre otros fines, a modernizar explotaciones, fomentar la agricultura ecológica y favorecer precisamente la incorporación de jóvenes.

El Gobierno regional trata, al mismo tiempo, de acelerar la modernización de las explotaciones. Entre 2025 y 2026 ha formado a 9.329 agricultores y ganaderos en competencias digitales, con una inversión superior a 1,2 millones procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Junta presenta estas actuaciones como una herramienta para mejorar la rentabilidad de las explotaciones y contribuir a fijar población en el medio rural.

Bruselas rechaza, sin embargo, que su propuesta implique abandonar la financiación agraria. La Comisión Europea asegura que el nuevo modelo reservará al menos 300.000 millones de euros para ayudas a la renta y mecanismos frente a crisis y sostiene que los Estados podrán acceder además a otras partidas integradas en los futuros planes nacionales y regionales. La reforma todavía debe superar la negociación con el Parlamento Europeo y el Consejo antes de su entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2028.

La batalla que se abre ahora determinará cuánto dinero queda finalmente blindado para el sector primario y qué margen tendrán España y las comunidades autónomas para distribuirlo. Castilla-La Mancha ya ha fijado sus prioridades: mantener los recursos, reducir las cargas administrativas y reservar una parte específica para garantizar que nuevas generaciones puedan seguir incorporándose a unas explotaciones sometidas a costes crecientes y a una dependencia decisiva de las ayudas comunitarias.