El sindicato CCOO ha pactado con el Partido Popular en Castilla y León no recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que denegó la ayuda nominativa que recibían anualmente para labores de asesoramiento en prevención de riesgos laborales. A cambio, el sindicato recuperará esa subvención directa, eliminada por VOX cuando asumió la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

Durante años, CCOO venía recibiendo, junto con UGT y la patronal, una subvención específica sin concurrencia pública para realizar visitas a empresas de la comunidad autónoma en materia de prevención de riesgos laborales. Esta ayuda directa fue suprimida tras la entrada de VOX en el Gobierno autonómico en 2022, al considerar que esos fondos, que llegaban a justificar hasta 800 euros por visita, debían destinarse a medidas concretas en las propias empresas —como la retirada de amianto o la instalación de desfibriladores— y no a estructuras sindicales.

El sindicato llevó el asunto a los tribunales alegando que tenía derecho a recibir dicha financiación. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León desestimó su demanda en una sentencia fechada el 6 de mayo de 2025 (n.º 548/2025), al considerar que no existía obligación legal ni presupuestaria alguna de conceder esa subvención concreta. Además, el tribunal advirtió que dicha ayuda carecía de base jurídica suficiente para otorgarse de forma directa, sin permitir la concurrencia de otras entidades.

Contra esta resolución cabía interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Pero CCOO optó por no hacerlo. Según se ha sabido, la decisión fue fruto de una negociación directa con el PP de Alfonso Fernández Mañueco, quien habría ofrecido restituir la subvención a cambio de no impugnar la sentencia, evitando así que se hiciera firme una victoria judicial impulsada por VOX desde la Consejería.

El acuerdo se cerró en silencio y los plazos fueron medidos con precisión. La firmeza de la sentencia fue declarada el 22 de julio de 2025, una vez expirado el plazo legal para presentar recurso. Solo entonces, el Gobierno autonómico ha iniciado los trámites para restablecer las subvenciones. En total, se han aprobado ya 1,6 millones de euros a repartir entre CEOE (699.200 €), UGT y CCOO (450.400 € cada uno).

Desde el sindicato Solidaridad se está estudiando recurrir este nuevo acuerdo del Ejecutivo autonómico por considerarlo una forma de reintroducir por la puerta de atrás una subvención previamente declarada injustificada por el TSJ. La formación denuncia que el pacto entre PP y CCOO ignora el principio de libre concurrencia y reabre la puerta a una financiación sindical sin controles suficientes.

La cuestión ha generado también tensiones dentro del propio Diálogo Social y del sindicalismo de Castilla y León. Mientras arrecian los conflictos laborales en empresas como Gamesa Siemens o Azucarera, el retorno de estas ayudas ha encendido un nuevo debate sobre la prioridad del gasto público y la transparencia en la asignación de fondos a sindicatos y patronales.