La unidad investigadora de la Guardia Civil ha remitido al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente un informe que detalla cómo, desde junio de 2018 y ya bajo el mando de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, el político navarro Santos Cerdán habría iniciado maniobras para orientar adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones, situándose como intermediario entre el MITMA y la constructora Acciona.

Según la documentación, los agentes sostienen que el entonces secretario de Organización del PSOE actuaba como enlace directo entre altos cargos ministeriales y la multinacional, bien a través de sus directivos o mediante la vía paralela que representaba Servinabar, la empresa que compartía con su socio Antxon Alonso. El esquema operativo, descrito por la UCO, era simple: Acciona obtenía grandes contratos y, a cambio, subcontrataba a Servinabar en proyectos adjudicados en UTE, asegurando así el reparto de comisiones.

La voracidad de la trama quedó reflejada en un correo enviado por Cerdán el 7 de junio de 2018, el mismo día en que Ábalos tomaba posesión. Desde su cuenta corporativa del PSOE ordenó a un asesor en el Parlamento navarro, José Guillermo Berlanga, que imprimiera tres documentos y se los entregara a Koldo García para que este los hiciera llegar al ministro. En esas páginas figuraban nombramientos con los que pretendían controlar adjudicaciones dentro del departamento, junto a un escrito destinado al Ministerio de Medio Ambiente para influir en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Mina Muga. Antxon Alonso llegó a escribir personalmente a la presidenta navarra, Uxue Barcos, con el objetivo de facilitar esa concesión, que Koldo trasladó días después al directivo de Acciona investigado por el Supremo, Fernando Merino.

El proyecto Mina Muga descubrió otra derivada más amplia. Un manuscrito incautado revela que la red preveía llegar hasta Javier Lambán, entonces presidente de Aragón, mediante una cadena interna que comenzaba en Koldo, continuaba en Cerdán y terminaba en el dirigente aragonés. La UCO subraya que, aunque el plan minero llevaba años en marcha, los permisos del Gobierno central no se concedieron hasta la llegada de Ábalos al ministerio.

El documento también recoge la reunión que Ábalos mantuvo el 30 de julio de 2018 con el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, y con el CEO de Acciona Infraestructuras, Luis Castilla. La cita había sido gestionada semanas antes, y en los mensajes intervenidos figura cómo Fernando Merino pidió a Antxon Alonso que llamase “a Madrid para confirmar que el Gran Jefe Indio está esperando la llamada del Titular”, apodo con el que se referían al ministro para asegurarse de que fuese él y no un subordinado quien recibiera a los máximos responsables de la compañía.

Los audios intervenidos a Koldo revelan que la red había pactado comisiones superiores al millón de euros por diversas adjudicaciones obtenidas por Acciona, de las cuales sólo se cobraron parcialmente. Entre los pagos pendientes figuraba una suma vinculada a un “bajo de un inmueble”, dato que despertó el interés de los agentes teniendo en cuenta que Ábalos adquirió en 2020 el bajo de su vivienda en Valencia abonando una parte en negro, tal y como publicó Abc. El Supremo investiga un engranaje perfectamente diseñado: Acciona se beneficiaba de contratos públicos gracias a la influencia política, mientras Servinabar aseguraba su porcentaje antes incluso de que las licitaciones aparecieran en el BOE. La tarifa habitual era del 2% del valor total de cada obra, aunque en algunos casos, como un tramo de la A-68 en La Rioja, ese porcentaje fue aún mayor. Los contratos presentaban descripciones vagas y genéricas sobre los supuestos servicios prestados, pero la UCO ha localizado facturas, asientos bancarios y comunicaciones internas que respaldan la operativa en proyectos en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat. Una conversación entre Antxon Alonso y el directivo de Acciona Tomás Olarte —suspendido por la compañía y citado como investigado— confirma que la mecánica se habría mantenido durante toda la etapa de Ábalos en el ministerio.

El informe apunta directamente a cinco grandes contratos bajo sospecha, entre ellos el soterramiento ferroviario en Murcia valorado en 159 millones, otro tramo del corredor mediterráneo de alta velocidad en la misma región por 121 millones, una obra en la A-68 riojana superior a los 92 millones, la construcción de los tirantes del Puente del Centenario en Sevilla por casi 85 millones y la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat, que superó los 62 millones.

La investigación revela también que Servinabar costeó el alquiler del piso en el que residieron Cerdán y su familia en la madrileña calle Hilarión Eslava hasta julio de 2025. Para cubrir esa vivienda, la empresa abonó más de 44.000 euros y lo hizo coincidiendo con el cambio de Gobierno tras la moción de censura de 2018. No fue la única ventaja que recibió su entorno: la empresa contrató a la hermana de Cerdán, a su cuñado y llegó a pagar facturas de su esposa. Entre contratos, facturaciones y pagos indirectos, las cifras alcanzan varios cientos de miles de euros. La Guardia Civil advierte incluso de movimientos realizados con dos tarjetas vinculadas a Antxon Alonso, por un importe total de más de 33.000 euros, cuyos cargos coinciden con gastos que podrían corresponder al político socialista o a miembros de su familia.