La prostitución se ha convertido en uno de los temas tabú tras la invasión de Ceuta. Las sospechas de explotación sexual de menas han motivado una investigación policial sobre redes que presuntamente se aprovechan de su desprotección para ofrecerles comida y alojamiento a cambio de someterlas a encuentros sexuales. Según ha adelantado Miguel Rodríguez, enviado especial de Onda Cero, efectivos de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) se han desplazado a la ciudad para investigar estos hechos.

Las pesquisas buscan identificar a los responsables, localizar los inmuebles utilizados y esclarecer cuántas víctimas habría, así como sus edades. De acuerdo con la información difundida por la emisora, las primeras indagaciones apuntan a redes encabezadas por ceutíes de origen marroquí que habrían captado a las menores después de su llegada a España. Las fuentes policiales citadas sitúan en 20 euros el importe cobrado por los encuentros y señalan que los explotadores también utilizarían la cobertura de necesidades básicas para someter a las víctimas.

El traslado se realizaría en furgonetas con matrícula española que recogerían a las jóvenes para llevarlas a pisos y chalés. Según el relato de Onda Cero, uno de los puntos de encuentro estaría en la playa del Trampolín, donde las recogidas se producirían alrededor de las 18.30. Después serían devueltas a la zona y pasarían la noche en las inmediaciones del recurso de acogida de la Hípica, destinado a mujeres y menores vulnerables. La Policía trata de precisar los lugares donde se cometerían los abusos y el alcance de esta operativa.

La falta de plazas de acogida agrava la exposición de las menores a estas redes. La información de la emisora describe a jóvenes que permanecen fuera de los centros a la espera de alojamiento y sostiene que algunas sufrieron violaciones y otras agresiones sexuales durante sus primeros días en la ciudad. En ese contexto de desamparo, los presuntos proxenetas habrían comenzado a contactarlas aprovechándose de su necesidad de protección, alimento y un lugar donde dormir.

La investigación sobre explotación sexual coincide con los datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial sobre otros delitos contra la libertad sexual. Entre el 30 de julio y el 14 de septiembre, los seis órganos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta abrieron 37 procedimientos, con 39 víctimas: un varón y 38 mujeres, de las cuales 14 eran menores de edad. La información judicial recoge 37 presuntos agresores, todos varones, y señala que 18 todavía no habían sido identificados.

El asunto también ha llegado al debate político. El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha responsabilizado a la ministra Ana Redondo de la falta de protección que, a su juicio, sufren las mujeres en Ceuta. El dirigente popular ha afirmado que están «desamparadas» y que han tenido que cambiar sus hábitos cotidianos, además de reprochar a la titular de Igualdad su respuesta ante la situación de la ciudad.