Ciudadanos ha propuesto la creación de la Agencia Independiente de la Alta Inspección Educativa, que asumiría las funciones de la actual Alta Inspección Educativa, figura recogida en los distintos estatutos de autonomía, con el fin de evitar, entre otras cosas, el adoctrinamiento en las aulas.
Lo ha anunciado este miércoles en el Congreso el líder de la formación naranja, Albert Rivera, que ha calificado esta Agencia de «absolutamente necesaria después de cuarenta años».
La propuesta de la proposición de ley para la creación de esta Agencia se produce después de que este martes el Congreso rechazara impulsar distintas medidas contra el adoctrinamiento político en los centros escolares de Cataluña, además de en Baleares y Comunidad Valenciana, denunciado por Ciudadanos.
Las funciones del nuevo organismo serían las que permitan garantizar el «cumplimiento de la legalidad y, por consiguiente, de los derechos fundamentales implicados en la educación, en particular los de padres y menores».
Solo contó con el apoyo de UPN
Ciudadanos solo contó con el apoyo de UPN y Rivera ha manifestado: «Nos vemos obligados» a presentar la proposición de ley después de «los aplausos del PSOE al PNV, al Pdecat, y vista la abstención del PP».
«Si no hacen algo ellos nosotros no vamos a permanecer paralizados mirando hacia otro lado», «ha llegado el momento de garantizar los derechos y libertades en las aulas de todos y cada uno de los pueblos y ciudades de España», ha añadido Rivera.
Ciudadanos recuerda en su iniciativa que en la actualidad todos los estatutos autonómicos, menos el de Cataluña, reconocen la competencia del Estado en cuanto a «desplegar la alta inspección necesaria» para el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución, que reconoce el derecho a la educación.
Y destaca que hasta ahora la Alta Inspección no ha sido objeto de regulación y se trata de «una unidad burocrática sin capacidad alguna de ejecutar la función constitucional».
La nueva Agencia sería una «autoridad administrativa independiente» pues aunque estaría adscrita al Ministerio de Educación, su director (mandato máximo de seis años) y sus cuatro consejeros serían nombrados por el Gobierno tras una terna propuesta por un comité técnico de selección.
Para cumplir la ley en todas las aulas
Según Rivera, con la nueva Agencia «no va a haber una sola aula en España en la que no se cumpla la ley, ni un solo profesor que intente manipular, adoctrinar o señalar a un niño porque su padre sea juez, guardia civil o concejal».
«Es importantísimo para el futuro de España que esta ley se ponga en marcha, los únicos que pueden ponerse en contra de esto son los que cuelgan propaganda, los que manipulan a los niños, los que manipulan libros de texto o los que no cumplen la ley, el resto de mortales estaremos tranquilos porque sabremos que las escuelas donde van nuestros hijos lo que se hace es aprender y respetar», ha añadido
La Agencia podrá dirigirse a la Fiscalía General del Estado cuando se aprecia alguna «ilegalidad de relevancia o transcendencia penal».
En este sentido, Ciudadanos califica de «una de las más graves quiebras de la legalidad del sistema educativo» la quiebra de la «neutralidad ideológica». Por ello, la Agencia se podría dirigir a las autoridades educativas y a la Fiscalía para adoptar medidas y se debería dar a los denunciantes «la protección adecuada».
Medidas contra profesores
Una disposición adicional a la proposición de ley señala que si se aprecian graves incumplimientos de las leyes en cuanto a no garantizar la neutralidad ideológica, se podrán tomar «medidas cautelares» contra la dirección o profesorado responsables que podrían llegar al despido disciplinario.
Las funciones de la Agencia serían, además de comprobar el cumplimiento de la ordenación general del sistema educativo, el de la inclusión de los aspectos básicos del currículo dentro de los distintos currículos, las condiciones para obtener los títulos o la adecuación de la concesión de ayudas y becas.
También velará por garantizar la igualdad de todos los españoles en sus derechos y deberes educativos y sus derechos lingüísticos.
Por otra parte, los inspectores tendrán consideración de autoridad pública.
«Las aulas de nuestro país son los lugares donde se va a gestar una nueva etapa política», según Rivera, que ha lamentado que la inspección educativa haya estado «desaparecida en combate tanto tiempo».
Y pese a la votación de ayer en el Congreso, Rivera ha confiado en que el PSOE «recapacite» y el PP acaba «rectificando».
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C's se queda solo en su lucha contra el adoctrinamiento en aulas catalanas
