La regularización masiva de inmigrantes ilegales aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha generado una fuerte afluencia de personas en distintos consulados, especialmente en Madrid, donde desde primera hora de la mañana se han vivido escenas de gran saturación.

A las 9.00 en punto, el Consulado de Marruecos en la capital abría sus puertas y, desde ese momento, el flujo de personas ha sido constante e ininterrumpido. Fuentes consulares describen la jornada como particularmente desbordada, con largas filas que se extendían por varias calles y una demanda inusual de trámites.

El principal motivo de esta concentración ha sido la necesidad de obtener el certificado de antecedentes penales, uno de los requisitos indispensables para acogerse al proceso extraordinario aprobado por el Ejecutivo. Según testimonios recogidos en el lugar, en apenas un par de horas ya habían pasado más de mil personas únicamente para este trámite.

La medida del Gobierno contempla la regularización de más de medio millón de personas y exige, entre otras condiciones, acreditar una estancia mínima en España de cinco meses, haber llegado antes del 1 de enero de 2026 y carecer de antecedentes penales.

La tensión también se ha hecho notar entre quienes aguardaban su turno. La impaciencia y el nerviosismo eran visibles, con muchos solicitantes tratando de completar el proceso lo antes posible. El dispositivo de seguridad se reforzó de manera notable respecto a días habituales, con más personal controlando los accesos.

El fenómeno no se limita a Madrid. En otras ciudades, como Almería, la respuesta ha sido igualmente masiva: miles de personas acudieron recientemente a su consulado con el mismo objetivo. Ante esta situación, las oficinas consulares ya habían ampliado horarios en semanas previas, incluyendo atención durante fines de semana.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha indicado que las solicitudes podrán realizarse por vía telemática a partir del 16 de abril, mientras que la atención presencial comenzará el día 20. El plazo para presentar las solicitudes se extenderá hasta el 30 de junio.

Sin embargo, la iniciativa no está exenta de críticas. Desde la Confederación Española de Policía se advierte de que la medida podría suponer una sobrecarga significativa para las unidades encargadas de Extranjería y Fronteras, al no haberse previsto —según su valoración— un refuerzo suficiente de medios ni una planificación detallada.

Además, el sindicato alerta sobre un posible «efecto llamada», señalando que este tipo de decisiones pueden generar la percepción de que permanecer en situación ilegal podría derivar en futuras regularizaciones. A su juicio, la medida actúa sobre las consecuencias del fenómeno migratorio sin abordar sus causas estructurales.

Mientras tanto, la realidad en los consulados refleja el impacto inmediato de la decisión: largas colas, alta demanda administrativa y miles de personas intentando regularizar su situación en un corto periodo de tiempo.