La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que en la ciudad de Barcelona el 1 de octubre, fecha del referéndum convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional, «se podrá participar» y que se podrá hacer «sin poner en riesgo institución ni servidores públicos».
«Cumplimos nuestro compromiso: en Barcelona el 1-O se podrá participar sin poner en riesgo institución ni servidores públicos», ha escrito la alcaldesa en Twitter en alusión a un acuerdo con el Govern para facilitar la participación, del que aún no se han dado a conocer los detalles.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha retuiteado el mensaje de Colau y ha comentado: «Buena noticia», mientras que el vicepresidente Oriol Junqueras ha comentado en la red social: «¡Una buena noticia para la democracia!».
Desde el gobierno municipal, otros concejales de BComú también han mostrado su satisfacción por el anuncio de Colau.
Gala Pin lo ha retuitado con el comentario «¡Vamos!», mientras otro edil Jaume Asens ha comentado: «Parar a este pueblo será más difícil que detener el curso de un río. Gracias a quienes confiaron en que este momento llegaría».
En cambio, el segundo teniente de alcalde Jaume Collboni (PSC) ha negado que haya ningún acuerdo para facilitar el 1 de octubre en Barcelona entre el Ayuntamiento y la Generalitat y ha circunscrito cualquier entendimiento al terreno de las formaciones políticas y no al institucional.
Pese a la advertencia del secretario
El secretario del Ayuntamiento de Barcelona ha dictaminado que la alcaldesa Ada Colau debe acatar la providencia del Tribunal Constitucional y no debe colaborar en el referéndum del 1-O cediendo colegios electorales porque, de lo contrario, puede tener consecuencias penales.
En un informe de 15 páginas, al que ha tenido acceso Efe, el secretario general del consistorio declina así que el Ayuntamiento pueda acceder a las peticiones de la Generalitat de ceder locales para la celebración del referéndum secesionista, suspendido por el Tribunal Constitucional.
El informe no tiene carácter preceptivo y fuentes municipales han indicado que el gobierno municipal «mantiene las conversaciones con el Govern para facilitar la movilización del 1-O».
La alcaldesa de Barcelona solicitó el pasado 7 de diciembre a la secretaría del Ayuntamiento que comprobara la disponibilidad de los locales utilizados habitualmente como centros de votación, de cara a atender al requerimiento que le hicieron el presidente y el vicepresidente del Govern para que los pusiera a disposición de la Generalitat en el referéndum del 1 de octubre.
Informe sobre riesgos jurídicos
También pedía que se emitiera un informe sobre los riesgos jurídicos para la institución y para el personal de la misma derivados de su eventual participación en el referéndum, según explica el informe del secretario, que no tiene carácter preceptivo.
En las conclusiones, el secretario general subraya que la puesta a disposición de la Generalitat de los locales que se utilizan habitualmente como centros de votación supondría incumplir un mandato «expreso, claro y taxativo» del Tribunal Constitucional, en el que se advierte de las «eventuales responsabilidades, incluida la penal», en que podrían incurrir todos los poderes públicos en el caso de no atender a su requerimiento.
También recuerda que este mandato del TC es el de «impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. En particular, que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, ningún acuerdo o actuación que permita la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña».
«La alcaldesa, el Ayuntamiento de Barcelona y sus trabajadores y trabajadoras en ejercicio de sus funciones públicas quedan vinculados por el mandato del Tribunal Constitucional, de abstenerse a realizar actuaciones que permitan la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, actuaciones en las que, sin duda, se incluiría la puesta a disposición de locales para la votación», concluye el secretario municipal.
Además, informa de que «el incumplimiento de esta obligación puede comportar la exigencia a las personas infractoras de responsabilidades de todo orden, sea por parte del propio tribunal» o «de carácter administrativo, disciplinario, contable, e incluso penal».
Respecto a las responsabilidades penales, el secretario general del Ayuntamiento cita en su informe el comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado el 7 de septiembre en el que imparte instrucciones para que las Fiscalías catalanas investiguen las actuaciones «dirigidas a la organización del referéndum ilegal, al ser indiciariamente constitutivas de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos».
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