La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a nueve años de prisión a un inmigrante marroquí por un violento asalto cometido en 2018 contra una mujer de 74 años en su vivienda de Arona, en Tenerife. A la pena de cárcel se suma un periodo de siete años de libertad vigilada y la obligación de indemnizar a la víctima con una cantidad que se fijará en la ejecución de la sentencia, aunque el Ministerio Fiscal elevó esta compensación hasta los 33.500 euros en la fase final del juicio.

Además, el tribunal ha ordenado al acusado restituir 3.500 euros junto a dos joyas que fueron sustraídas durante el ataque, así como hacer frente a una multa de 800 euros por un delito leve de lesiones.

La resolución judicial se apoya principalmente en pruebas consideradas determinantes, entre ellas los análisis genéticos que vinculan al condenado con los hechos y las imágenes captadas por cámaras de seguridad. En dichas grabaciones, la propia víctima llegó a identificar al agresor antes de su fallecimiento, ocurrido posteriormente por causas que, en principio, no guardan relación con el suceso.

La investigación permitió también situar al encausado en otros episodios delictivos en la zona. De hecho, pocos días después del asalto fue reconocido a través de redes sociales, y se le atribuye igualmente otro robo cometido en las inmediaciones del domicilio.

Según los datos aportados por la Policía Nacional, el hombre logró acceder al apartamento tras escalar un muro de casi dos metros de altura. Una vez en el interior, empleó la violencia para agredir física y sexualmente a la mujer, aprovechando su estado de miedo para registrar minuciosamente la vivienda. Durante el saqueo, consiguió forzar una caja fuerte de la que extrajo dinero, varias piezas de joyería y las llaves de la casa.

Los informes periciales confirmaron la existencia de múltiples lesiones y contusiones en la víctima, plenamente coherentes con el relato de lo ocurrido. En su declaración, que pudo realizar antes de fallecer, la mujer aseguró que su agresor actuó con aparente normalidad y sin signos de haber consumido alcohol.

Por su parte, la defensa trató de desmontar la acusación solicitando la absolución del procesado. Argumentó que la prueba de ADN tenía un carácter accesorio y pidió que se tuviera en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas durante el procedimiento. Sin embargo, el tribunal consideró que el conjunto de evidencias resultaba suficiente para dictar una sentencia condenatoria.