La Audiencia de Navarra ha condenado a 12 años de prisión a un inmigrante ilegal marroquí por violar y robar a una mujer en Pamplona, en unos hechos ocurridos en diciembre de 2023 en el casco antiguo de la ciudad.

La sentencia, dictada por la Sección Primera del tribunal y adelantada por el Navarra.com, establece una pena de 9 años de cárcel por un delito de agresión sexual y otros 3 años por robo con violencia. Además, contempla la expulsión del condenado del territorio nacional una vez haya cumplido la mitad de la condena, así como la prohibición de regresar a España durante una década. La resolución todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

El fallo incluye también medidas de protección para la víctima: el condenado no podrá acercarse a menos de 200 metros ni comunicarse con ella durante 15 años. A ello se suma un periodo de libertad vigilada de 10 años tras su salida de prisión y el pago de una indemnización de 60.000 euros por los daños morales causados.

Los hechos tuvieron lugar de madrugada, sobre las 2.37 horas del 17 de diciembre de 2023, en las inmediaciones del Archivo General de Navarra. La víctima, una mujer de 56 años, regresaba a su domicilio cuando fue abordada por el agresor.

Según la resolución judicial, el acusado se aproximó a la mujer y, en un momento dado, se abalanzó sobre ella, provocando la caída de ambos a una zona ajardinada. Allí se produjo la agresión sexual, durante la cual la víctima trató de defenderse, llegando a causar lesiones al agresor que posteriormente fueron reconocidas como un elemento relevante en el proceso.

Tras la agresión, el condenado sustrajo diversas pertenencias del bolso de la mujer, entre ellas un teléfono móvil valorado en más de 700 euros y dinero en efectivo. Incluso regresó minutos después al lugar para recoger más objetos antes de abandonar definitivamente la zona.

La investigación policial fue determinante para esclarecer lo sucedido. Entre las pruebas clave se encuentra una gorra hallada en el lugar de los hechos, que permitió obtener ADN, así como imágenes de cámaras de seguridad que facilitaron la identificación del acusado. El tribunal ha destacado la rapidez y eficacia de la actuación policial.

Durante el juicio, celebrado a finales de febrero, el procesado reconoció haber cometido el robo, pero negó la agresión sexual. Sin embargo, los magistrados consideran que su versión carece de credibilidad, especialmente a la vista de las pruebas periciales y forenses.

En este sentido, el informe médico determinó que las lesiones sufridas por la víctima eran compatibles con una agresión sexual no consentida. Asimismo, los jueces valoran las lesiones que presentaba el propio acusado, atribuidas a la resistencia de la mujer, como un indicio adicional que respalda el relato de la denunciante.