La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de poner en marcha una «regularización» masiva de inmigrantes ilegales ha activado una respuesta inmediata del Reino de Marruecos. Apenas cuatro días después de que el Consejo de Ministros anunciara la tramitación urgente de esta medida, el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, dirigido por Nasser Bourita, y la embajada en Madrid pusieron en marcha un dispositivo consular excepcional para atender a sus nacionales en situación ilegal en España.

La actuación se coordinó a través de una reunión por videoconferencia con los doce consulados generales marroquíes acreditados en territorio español. De ese encuentro salió una batería de medidas extraordinarias, entre ellas la ampliación del horario de atención de lunes a viernes hasta las 18.00 horas, tres horas más de lo habitual, así como la apertura de oficinas los sábados, domingos y festivos, siempre con cita previa, con el objetivo declarado de facilitar los trámites “en las mejores condiciones”.

A esa ampliación horaria se suma la movilización permanente del personal consular, que queda en situación de disponibilidad continua para responder a las necesidades de los ciudadanos marroquíes durante el proceso. Los consulados han difundido en sus páginas web y redes sociales los nuevos servicios habilitados, centrados en la gestión de citas y la legalización de documentación imprescindible para acogerse al procedimiento anunciado por el Ejecutivo español.

El despliegue es especialmente visible en territorios con una elevada presencia de ciudadanos marroquíes. En la provincia de Murcia, donde esta comunidad ronda las 100.000 personas y constituye el principal colectivo extranjero, el consulado mantiene abiertas sus puertas durante todo el fin de semana. En Barcelona, desde el pasado 31 de enero, se atiende a los nacionales marroquíes los sábados de 10.00 a 14.00 horas, siempre mediante cita previa.

Las autoridades de Rabat estudian además medidas adicionales para reforzar el dispositivo, como el desplazamiento de oficinas móviles a municipios que carecen de consulado. El objetivo es garantizar la cobertura durante el periodo de «regularización» previsto entre los meses de abril y junio, evitando desplazamientos largos y colapsos en las capitales de provincia.

La prensa marroquí presenta esta operación como una “oportunidad positiva e importante” para los inmigrantes ilegales, incluidos miles de ciudadanos del país norteafricano. Los medios hablan abiertamente de “movilización máxima” o “estado de alerta total” en los consulados, que aceleran la expedición de certificados penales —requisito clave—, validan documentación y alertan sobre la presencia de intermediarios fraudulentos que intentan aprovecharse del proceso.

En paralelo, Argelia ha optado por una vía distinta. El presidente Abdelmajid Tebboune firmó en enero un decreto dirigido a facilitar la regularización o el retorno de sus nacionales que atraviesan dificultades en el extranjero. La medida se centra en ciudadanos en situación precaria o irregular que afrontan procedimientos administrativos o judiciales por delitos menores contra el orden público, a quienes se invita a contactar con las misiones diplomáticas argelinas para presentar sus solicitudes.

Aunque la regularización de inmigrantes es una competencia nacional, la Unión Europea exige que estas decisiones no pongan en riesgo la integridad del espacio Schengen ni ignoren sus implicaciones en materia migratoria y de seguridad. Precisamente este martes 10 de febrero, eurodiputados y representantes de la Comisión Europea debatirán el plan español y sus consecuencias, en un contexto de creciente preocupación por el efecto llamada y la coordinación con terceros países.