El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha concedido más de 2,5 millones de euros de fondos públicos a la ONG filipina Community Family Services International Inc. (CFSI), entidad que figura como beneficiaria de ayudas destinadas, entre otros fines, a un proyecto denominado Youth Moving Up Project, orientado a la movilidad y el desarrollo de jóvenes filipinos.
Según los datos publicados en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas y avanzados por Pablo Cambronero, la organización ha recibido tres concesiones documentadas. La de mayor cuantía, de 2.000.000 euros, se formalizó el 10 de agosto de 2022 en el marco de la convocatoria instrumental Filipinas 2022 de gobernabilidad y empleo, bajo el epígrafe de promoción de la paz e inclusión en Mindanao. A ella se suman otras dos ayudas registradas en 2026, concedidas el 10 de agosto de ese año y anotadas en el registro el 8 de septiembre: 490.441 euros y 9.559 euros, ambas vinculadas a la convocatoria instrumental Filipinas 2026 a favor de CFSI para la intervención Youth Moving Up Project. La suma de las tres partidas alcanza exactamente los 2.500.000 euros.
Las ayudas se han instrumentado como subvenciones y entregas dinerarias sin contraprestación, con cargo a los presupuestos del Ministerio que dirige José Manuel Albares. El desembolso de casi medio millón de euros correspondiente al proyecto de 2026 se produce en un contexto en el que la cooperación española mantiene a Filipinas como único país prioritario en Asia, en virtud del Marco de Asociación País 2025-2028, que incluye entre sus líneas el empoderamiento de jóvenes.
CFSI, con sede en Filipinas y fundada en 1981, se define como una organización humanitaria centrada en la reconstrucción de vidas, el apoyo psicosocial y el trabajo con poblaciones desplazadas, especialmente en zonas afectadas por conflictos como Mindanao. Sin embargo, la descripción pública de las ayudas recientes se reduce a la intervención Youth Moving Up, cuyo objeto declarado es garantizar la movilidad de jóvenes filipinos, sin que en la base de datos de subvenciones se detallen indicadores de resultado, mecanismos de control o el retorno concreto para los contribuyentes españoles.
La reiteración de fondos —dos millones en 2022 y medio millón adicional en 2026— alimenta las críticas sobre la asignación de recursos públicos a proyectos en el exterior cuya prioridad y eficacia resultan difíciles de justificar frente a las necesidades internas. Los registros oficiales confirman las cantidades y los beneficiarios, pero no aclaran el seguimiento de la ejecución ni el impacto verificable de una iniciativa centrada en la movilidad juvenil en Filipinas.
