La ONG Quorum Social 77, responsable de la atención de cerca de 2.000 menas en las Islas Canarias y receptora de más de 150 millones de euros en fondos públicos desde 2023, se encuentra actualmente en el centro de una investigación judicial por presuntos malos tratos, torturas y abusos físicos y psicológicos a menores bajo su tutela. El pasado jueves, la situación alcanzó un nuevo punto crítico cuando agentes policiales, acompañados de perros, irrumpieron en el centro de acogida de Arinaga.

Tras varias horas de registro, el centro fue clausurado y dos directivos de la ONG fueron detenidos. Días antes, otro de sus recursos, el centro Fortaleza I, conocido como Bandama, ya había sido precintado por orden judicial. Ambos centros estaban bajo sospecha desde hacía meses por la presunta existencia de espacios de aislamiento donde los menas eran encerrados y agredidos.

Los testimonios de varios jóvenes inmigrantes, como el de Moha (nombre ficticio), de 17 años, han revelado un patrón de violencia sistemática: golpes, amenazas, castigos prolongados en sótanos, humillaciones y un entorno regido por la ley del más fuerte. «Las cosas se resolvían a puñetazos», ha declarado. Estas acusaciones también han sido respaldadas por ex-trabajadores, quienes aseguran que los malos tratos eran frecuentes y conocidos por los responsables de los centros.

Además, se ha denunciado la contratación habitual de personal sin formación especializada, y en varios de estos centros, los trabajadores eran descritos como «porteros de discoteca» o personas sin experiencia en el trato con infancia vulnerable. En este contexto, varios ex-empleados han afirmado que quienes se negaban a aplicar castigos físicos o denunciaban los abusos eran despedidos o presionados para abandonar sus puestos.