Correos ha puesto a disposición de sus clientes, a través de sus más de 2.000 oficinas, una de las balizas V16 más controvertidas del mercado, debido no al dispositivo en sí, sino a la empresa que lo suministra. Según publica The Objective, la firma, Grandisor Internacional S.L., cerró 2024 al borde de la quiebra, con sede en una zona residencial de Madrid, solo dos empleados y una administradora, María Cruz Díaz Mencía, que no aparece en registros públicos y cuyo rastro llega hasta las Islas Vírgenes.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que todos los vehículos deben portar obligatoriamente una baliza V16 desde el 1 de enero de 2026, bajo sanción en caso de incumplimiento. El dispositivo ha generado controversia por los posibles riesgos a la privacidad, ya que geolocaliza a los conductores cuando se activa.

La DGT ha homologado casi 300 modelos de balizas V16, muchas de ellas idénticas pero vendidas con distintos nombres y precios que pueden triplicar el coste original en China.

Grandisor ofertó a través de Correos la baliza Orflect, certificada cinco veces por la DGT, aunque ninguna correspondía directamente a esta sociedad madrileña. La empresa, controlada por una compañía de Hong Kong, registró en 2024 pérdidas de 57.000 euros y una deuda cercana a medio millón. Sin embargo, el mercado español, con 34 millones de vehículos obligados por ley a portar estas balizas, podría generar un notable cambio financiero en 2025.

Correos ha seleccionado otro proveedor para su propio stock, adquiriendo 4.800 balizas V16 por 36 euros cada una, mientras la Guardia Civil compra 17.000 dispositivos a precios similares. Los expertos señalan que el volumen estabiliza el coste, pero no siempre garantiza los precios más competitivos, manteniendo la polémica sobre la transparencia en la contratación pública de balizas V16.