Casi cinco años después de la pandemia, una parte sustancial de los rescates concedidos por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) continúa rodeada de sospechas. De los 29 auxilios aprobados con cargo al Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), al menos cuatro se encuentran bajo el foco judicial o han pasado ya por los tribunales. Tres de ellos han sido objeto de investigaciones por posibles irregularidades vinculadas al pago de comisiones, la intervención de intermediarios o el uso final de los fondos públicos.

No se trata de expedientes menores. Los rescates de Air Europa, Ávoris, Plus Ultra y Tubos Reunidos suman 961 millones de euros, lo que equivale al 36% del total repartido por el Fasee. Es decir, más de un tercio del dinero movilizado por el Estado para salvar empresas consideradas estratégicas durante la crisis sanitaria, según un análisis publicado por The Objective, medio que ha seguido de cerca estas operaciones.

Las ayudas concedidas a Air Europa (475 millones), Ávoris (320 millones), Plus Ultra (53 millones) y, más recientemente, Tubos Reunidos (113 millones) han quedado bajo escrutinio por motivos diversos, aunque con un patrón común: dudas sobre los requisitos exigidos, el verdadero estado financiero de las compañías y los procedimientos utilizados para autorizar los rescates. Cuestionamientos que se arrastran desde el momento mismo de su aprobación.

En numerosas ocasiones se ha señalado que varios de estos auxilios no cumplían las condiciones fijadas por el propio fondo. Algunas de las empresas beneficiadas arrastraban problemas estructurales graves mucho antes de la pandemia, lo que hacía incompatible su situación con el espíritu de una herramienta diseñada para afrontar un impacto coyuntural. Pese a ello, el Gobierno, la SEPI y el Ministerio de Hacienda han sostenido de forma reiterada que todas las decisiones se ajustaron estrictamente a la normativa, al tiempo que han blindado los expedientes con un nivel de opacidad absoluto.

Ese discurso oficial choca ahora con el contenido de un auto judicial que ha marcado un punto de inflexión. El juez instructor del denominado “caso SEPI” sitúa a “diversos cargos públicos” en el centro de una presunta trama de cobro de comisiones relacionada con varios rescates millonarios. Las diligencias previas que motivaron la detención del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández; de la exmilitante del PSOE, Leire Díez; y del empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, apuntan a la existencia de intermediarios que habrían cobrado por facilitar la concesión de ayudas públicas.

Entre las cinco operaciones bajo investigación figura el rescate de Tubos Reunidos, aprobado en julio de 2021 por un importe de 112,8 millones de euros. Según el auto, el grupo Hirurok —“Nosotros tres”, en euskera— habría realizado gestiones orientadas a lograr la aprobación de la ayuda y habría percibido por ello 114.950 euros. El propio documento judicial señala que los investigados reconocen una labor de intermediación que pudo resultar determinante para desbloquear el auxilio de la SEPI.

Un esquema que recuerda al descrito por Víctor de Aldama en relación con Air Europa. El comisionista admitió ante los investigadores que la familia Hidalgo, propietaria de la aerolínea y accionista mayoritaria de Ávoris, le contrató para asesorar en operaciones bloqueadas, entre ellas el rescate público. La Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil ha acreditado pagos de al menos 169.400 euros por estos servicios.

Los mensajes incorporados a la causa reflejan una comunicación constante entre Aldama y Javier Hidalgo, entonces consejero delegado del grupo, en los meses previos a la concesión de la ayuda. Los intercambios muestran un conocimiento detallado del proceso administrativo y, en algunos casos, anticipan decisiones oficiales antes de su anuncio público. Incluso se constata que Koldo García tuvo conocimiento de la resolución final días antes de que se hiciera pública.

De forma oficial, Aldama cobró de los Hidalgo hasta diciembre de 2020, apenas un mes después de que Air Europa recibiera el rescate. En el caso de Ávoris, beneficiada con 340 millones en julio de 2021, no consta remuneración directa. Sin embargo, diversas fuentes sitúan al comisionista en el entorno de Globalia durante meses posteriores, lo que mantiene abiertas las sospechas sobre su posible influencia en la operación.

En marzo de este año, la Audiencia Nacional ordenó a la SEPI facilitar la documentación completa del rescate de Ávoris. Una exigencia similar ya se había formulado en el caso de Air Europa. En ambos supuestos, el Ministerio de Hacienda ha rechazado entregar la información y ha recurrido la petición ante instancias superiores, prolongando el pulso judicial y reforzando la percepción de opacidad.

El cuarto gran expediente es el de Plus Ultra. La aerolínea recibió 53 millones de euros en marzo de 2021 pese a contar con un solo avión operativo y una estructura empresarial que difícilmente encajaba en la definición de compañía estratégica. La ayuda motivó una investigación judicial que quedó archivada en enero de 2023 por una cuestión de plazos, tras una resolución de la Audiencia Provincial de Madrid favorable a los propietarios.

Sin embargo, el caso ha vuelto a reactivarse. La pasada semana, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) practicó registros en la sede de Plus Ultra en Madrid y detuvo a varios de sus máximos responsables, entre ellos el presidente, Julio Martínez, y el director general, Roberto Roselli. La Fiscalía Anticorrupción les acusa del presunto uso irregular del rescate para realizar operaciones de blanqueo de capitales procedentes de malversaciones de fondos públicos en Venezuela. Bajo sospecha se encuentran diversos préstamos que habrían sido amortizados con dinero del Estado.

La sucesión de investigaciones, detenciones y causas abiertas ha añadido una nueva dimensión a los rescates de la SEPI. Lo que nació como un instrumento excepcional para proteger el tejido productivo frente a la pandemia se ha convertido en un foco de controversia que amenaza con destapar uno de los mayores escándalos de gestión de fondos públicos de los últimos años.