Trece veces sorteó el confinamiento un joven en ErrenterĆa (GuipĆŗzcoa) y en ocho ocasiones lo hizo otro vecino de la localidad asturiana de Lugones. Son ejemplos de aquellos pocos que han recorrido el camino que comenzó en multa y terminó en prisión tras saltarse reiteradamente el estado de alarma.
MĆ”s allĆ” de las sanciones administrativas -que son el castigo mayoritario-, desde el inicio del estado de alarma, el incumplimiento del encierro obligado estĆ” derivando en algunos casos en condenas -con penas leves o multas- por un delito de desobediencia a la autoridad e incluso en algĆŗn auto de prisión para evitar la reincidencia, aunque algunas voces crĆticas de juristas recelan de que se estĆ© aplicando correctamente este tipo penal.
Seis meses de cĆ”rcel debe cumplir el citado vecino de Lugones despuĆ©s de que el juzgado ordenase su prisión inmediata a petición de la FiscalĆa, que argumentó un incumplimiento reiterado de las normas; en el caso del joven de ErrenterĆa (GuipĆŗzcoa), tambiĆ©n investigado por hurto, tras pasar a disposición judicial, el juez dictó auto de prisión para Ć©l.
No ocurrió lo mismo en Pontevedra, donde el titular del juzgado de instrucción nĆŗmero 2 rechazó recientemente enviar a prisión a un hombre denunciado por varios hurtos en dos dĆas y finalmente detenido por desobediencia.
Ā«Sólo se desobedece un mandato concreto. La norma general, aunque introduzca prohibiciones, no es susceptible por sĆ misma de ser desobedecida en este sentido penalĀ», indicaba el magistrado, que aƱadĆa ademĆ”s que la desobediencia debe ser grave y no basta con que alguien sea denunciado varias veces.
El presupuesto de que la desobediencia sea a un agente de la autoridad y no a la norma general es precisamente el argumento clave defendido estos dĆas por algunos juristas para oponerse a condenas dictadas.
En cuanto al peligro sanitario en ese caso, el juez indicaba que no se concretaba de ninguna forma en el atestado y que, de existir, Ā«tendrĆa respuesta en el Ć”mbito administrativo sanitarioĀ».
Por contra, una magistrada de Corcubión (A Coruña) sà que recogió el posible riesgo para la salud pública al analizar otro caso.
Ā«Nos encontramos ante una situación excepcional, de gravedad y seriedad incuestionables, que amenaza algo tan fundamental como la salud pĆŗblica. (…) El cumplimiento del ordenamiento jurĆdico se hace mĆ”s relevante que nunca y la posibilidad de reiteración delictiva (…) constituye un riesgo que el conjunto de la sociedad no ha de asumir ni la autoridad judicial permitirĀ».
Con estas palabras, la jueza decidió enviar a prisión provisional a un hombre al que ella misma habĆa condenado por desobediencia grave apenas unos dĆas antes de volver a ser detenido por seguir saltĆ”ndose el confinamiento y tras Ā«numerosasĀ» propuestas de sanción.
Como ella, otros magistrados han optado por el encarcelamiento de personas que ya han sido condenadas por los mismos hechos, tienen otros antecedentes penales o que estƔn a la espera de juicio tras varias advertencias y sanciones de las fuerzas de seguridad.
Para Ā«conseguir que no vuelva a saltarse el confinamientoĀ», una jueza de A CoruƱa dictó prisión provisional para un vecino que alegó que venĆa de hacer la compra a cuatro kilómetros de su casa y que fue detenido horas despuĆ©s de ser condenado a seis meses de cĆ”rcel. Era su tercer arresto y habĆa recibido cuatro sanciones.
En La Laguna (Tenerife), una mujer entró en la cĆ”rcel tras recibir en 10 dĆas dos condenas por desobediencia grave. Entre una y otra, estuvo hospitalizada por COVID-19 y logró superarlo; mientras que en Castilla-La Mancha, segĆŗn fuentes de su Tribunal Superior de Justicia, al menos dos personas estĆ”n en prisión provisional, una investigada tambiĆ©n por un supuesto intento de sustracción de material sanitario en Albacete.
Se ha dado algĆŗn caso en el que el detenido tenĆa algĆŗn tipo de adicción, como el de un hombre de Elche (Alicante), que ingresó en prisión hace unos dĆas tras incumplir 47 veces el confinamiento y que, segĆŗn fuentes próximas al caso, podrĆa tener problemas de toxicomanĆa. En una de las ocasiones alegó que estaba paseando al perro, pero no lo llevaba; en la Ćŗltima, que se dirigĆa a CĆ”ritas.
Se trata de los casos mĆ”s extremos dentro de esa minorĆa que burla el encierro obligado y a la que por regla general se le abre un expediente de sanción (650.000 en el primer mes del estado de alarma). En caso de apreciarse un delito, las sentencias suelen castigar con multa o pena leve de prisión que en la mayorĆa de casos no implica la entrada en la cĆ”rcel.
En Barcelona, por ejemplo, desde el inicio del estado de alarma el Colegio de Abogados ha asistido alrededor de un centenar de detenidos que han acabado en los juzgados, segĆŗn fuentes consultadas, que auguran que la mayorĆa de asuntos se saldaron con conformidades a penas de multa.