Trece veces sorteó el confinamiento un joven en Errentería (Guipúzcoa) y en ocho ocasiones lo hizo otro vecino de la localidad asturiana de Lugones. Son ejemplos de aquellos pocos que han recorrido el camino que comenzó en multa y terminó en prisión tras saltarse reiteradamente el estado de alarma.
Más allá de las sanciones administrativas -que son el castigo mayoritario-, desde el inicio del estado de alarma, el incumplimiento del encierro obligado está derivando en algunos casos en condenas -con penas leves o multas- por un delito de desobediencia a la autoridad e incluso en algún auto de prisión para evitar la reincidencia, aunque algunas voces críticas de juristas recelan de que se esté aplicando correctamente este tipo penal.
Seis meses de cárcel debe cumplir el citado vecino de Lugones después de que el juzgado ordenase su prisión inmediata a petición de la Fiscalía, que argumentó un incumplimiento reiterado de las normas; en el caso del joven de Errentería (Guipúzcoa), también investigado por hurto, tras pasar a disposición judicial, el juez dictó auto de prisión para él.
No ocurrió lo mismo en Pontevedra, donde el titular del juzgado de instrucción número 2 rechazó recientemente enviar a prisión a un hombre denunciado por varios hurtos en dos días y finalmente detenido por desobediencia.
«Sólo se desobedece un mandato concreto. La norma general, aunque introduzca prohibiciones, no es susceptible por sí misma de ser desobedecida en este sentido penal», indicaba el magistrado, que añadía además que la desobediencia debe ser grave y no basta con que alguien sea denunciado varias veces.
El presupuesto de que la desobediencia sea a un agente de la autoridad y no a la norma general es precisamente el argumento clave defendido estos días por algunos juristas para oponerse a condenas dictadas.
En cuanto al peligro sanitario en ese caso, el juez indicaba que no se concretaba de ninguna forma en el atestado y que, de existir, «tendría respuesta en el ámbito administrativo sanitario».
Por contra, una magistrada de Corcubión (A Coruña) sí que recogió el posible riesgo para la salud pública al analizar otro caso.
«Nos encontramos ante una situación excepcional, de gravedad y seriedad incuestionables, que amenaza algo tan fundamental como la salud pública. (…) El cumplimiento del ordenamiento jurídico se hace más relevante que nunca y la posibilidad de reiteración delictiva (…) constituye un riesgo que el conjunto de la sociedad no ha de asumir ni la autoridad judicial permitir».
Con estas palabras, la jueza decidió enviar a prisión provisional a un hombre al que ella misma había condenado por desobediencia grave apenas unos días antes de volver a ser detenido por seguir saltándose el confinamiento y tras «numerosas» propuestas de sanción.
Como ella, otros magistrados han optado por el encarcelamiento de personas que ya han sido condenadas por los mismos hechos, tienen otros antecedentes penales o que están a la espera de juicio tras varias advertencias y sanciones de las fuerzas de seguridad.
Para «conseguir que no vuelva a saltarse el confinamiento», una jueza de A Coruña dictó prisión provisional para un vecino que alegó que venía de hacer la compra a cuatro kilómetros de su casa y que fue detenido horas después de ser condenado a seis meses de cárcel. Era su tercer arresto y había recibido cuatro sanciones.
En La Laguna (Tenerife), una mujer entró en la cárcel tras recibir en 10 días dos condenas por desobediencia grave. Entre una y otra, estuvo hospitalizada por COVID-19 y logró superarlo; mientras que en Castilla-La Mancha, según fuentes de su Tribunal Superior de Justicia, al menos dos personas están en prisión provisional, una investigada también por un supuesto intento de sustracción de material sanitario en Albacete.
Se ha dado algún caso en el que el detenido tenía algún tipo de adicción, como el de un hombre de Elche (Alicante), que ingresó en prisión hace unos días tras incumplir 47 veces el confinamiento y que, según fuentes próximas al caso, podría tener problemas de toxicomanía. En una de las ocasiones alegó que estaba paseando al perro, pero no lo llevaba; en la última, que se dirigía a Cáritas.
Se trata de los casos más extremos dentro de esa minoría que burla el encierro obligado y a la que por regla general se le abre un expediente de sanción (650.000 en el primer mes del estado de alarma). En caso de apreciarse un delito, las sentencias suelen castigar con multa o pena leve de prisión que en la mayoría de casos no implica la entrada en la cárcel.
En Barcelona, por ejemplo, desde el inicio del estado de alarma el Colegio de Abogados ha asistido alrededor de un centenar de detenidos que han acabado en los juzgados, según fuentes consultadas, que auguran que la mayoría de asuntos se saldaron con conformidades a penas de multa.
