La provincia de Sevilla vive una jornada de protesta histórica con una concentración masiva de agricultores y ganaderos que han tomado la capital con sus tractores para denunciar la situación límite que atraviesa el campo. La movilización, impulsada conjuntamente por Asaja-Sevilla, Cooperativas Agro-alimentarias, COAG y UPA, ha reunido a cientos de profesionales que buscan presionar a las administraciones y visibilizar el malestar creciente del sector primario.

Desde primera hora de la mañana, cinco columnas de maquinaria agrícola han partido desde distintos puntos estratégicos —Isla Mayor, Los Palacios, Alcalá del Río, Carmona y Salteras— con destino a la Plaza de España. La llegada simultánea de las caravanas ha provocado importantes afecciones al tráfico en la ciudad, una acción que los organizadores consideran necesaria para lograr que sus reivindicaciones tengan repercusión política y mediática.

Uno de los principales detonantes de la protesta es el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, cuya revisión se debate estos días en el Parlamento Europeo. Las organizaciones agrarias sostienen que el pacto amenaza la competitividad de las producciones locales y denuncian que las medidas de protección previstas resultan insuficientes. A su juicio, sin controles equivalentes en origen ni una supervisión independiente en los puertos europeos, los agricultores españoles quedarán en clara desventaja.

Sin embargo, los convocantes subrayan que este acuerdo internacional es sólo la última gota en una crisis prolongada. En sus manifiestos hablan de abandono institucional, cierre progresivo de explotaciones y pérdida de cabaña ganadera, además de una reducción constante del número de profesionales activos en el campo. También critican el incremento de costes, la carga burocrática derivada de la Política Agraria Común y la falta de mano de obra cualificada, factores que —afirman— repercuten finalmente en el precio de los alimentos.

La protesta llega además en un contexto climático complicado. Tras años marcados por la sequía, los recientes temporales han dejado daños importantes en infraestructuras y cultivos. Según estimaciones iniciales de la Junta de Andalucía, las pérdidas podrían superar los 2.500 millones de euros, lo que ha intensificado la presión sobre las administraciones para que actúen con rapidez.

Entre las principales demandas del sector figura la declaración de zona catastrófica para las áreas más afectadas, con el fin de activar ayudas extraordinarias y mecanismos de apoyo económico. Agricultores y ganaderos reclaman un plan urgente que permita recuperar la productividad y garantizar la viabilidad futura de las explotaciones, al tiempo que advierten de que continuarán las movilizaciones si no perciben cambios concretos en las políticas agrarias.