
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha iniciado los trámites legales para querellarse por injurias contra el empresario Víctor de Aldama después de que éste asegurara que fue ella quien le entregó un sobre de la petrolera estatal PDVSA vinculado a la presunta financiación irregular del PSOE.
Rodríguez ha puesto el caso en manos de Ilocad, el despacho del exjuez prevaricador Baltasar Garzón, con quien mantiene una estrecha relación. La firma ha presentado en los juzgados de Madrid una solicitud de conciliación previa a la querella, paso obligado antes de acudir a la vía penal por injurias.
Según la documentación a la que ha tenido acceso El Mundo, la dirigente venezolana sostiene que son falsas las afirmaciones realizadas por Aldama los días 4 y 5 de febrero en dos programas de televisión. En esas entrevistas, el empresario afirmó que Rodríguez le entregó un sobre con documentación relacionada con posibles ilícitos penales investigados en España.
El escrito firmado por el abogado Pedro Javier Díaz Carreño, de Ilocad, sostiene que es «inveraz, falsa o no ajustada a la realidad» la imputación de que Delcy Rodríguez entregara a Aldama el citado sobre. La defensa de la dirigente chavista exige que el empresario reconozca que sus afirmaciones no son ciertas y se retracte.
El conflicto va más allá de las declaraciones televisivas. Aldama ya declaró en enero y marzo ante la Audiencia Nacional que fue Delcy Rodríguez quien le entregó el sobre de PDVSA. Además, hizo entrega del documento a la Justicia. Según su versión, el sobre contenía información sobre un millonario cupo de petróleo que habría formado parte de una operación dirigida a financiar de forma irregular a la Internacional Socialista y al partido de Pedro Sánchez.
La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid número 50 ha fijado para el próximo 16 de julio el acto de conciliación. Fuentes próximas a Aldama citadas por El Mundo aseguran que no habrá avenencia, porque el empresario no piensa retractarse y mantiene su declaración sobre la entrega del sobre.
El entorno de Aldama considera que la ofensiva legal de Delcy Rodríguez busca «disuadir» al empresario de seguir colaborando con la Justicia, en especial en la pieza secreta abierta por los pagos en efectivo en la sede de Ferraz. También ve significativo que la dirigente venezolana haya elegido el despacho de Garzón para emprender esta batalla judicial.
La existencia del sobre fue detectada por la Guardia Civil en el marco del caso Hidrocarburos, al analizar las comunicaciones entre Aldama y su socio Luis Alberto Escolano, también investigado. En agosto de 2024, Escolano envió a Aldama fotografías del documento.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registró después la vivienda de Escolano para incautarse del sobre, pero ya no estaba allí. Los investigadores creen que Aldama se lo llevó antes del registro.
El encabezamiento del sobre lo identifica como documentación de la República Bolivariana de Venezuela, del Ministerio del Poder Popular del Petróleo y de Petróleos de Venezuela SA. Figura como «Confidencial». El remitente es el entonces ministro Manuel Quevedo Fernández y la destinataria, Delcy Rodríguez.
La maniobra judicial de la dirigente chavista abre un nuevo frente en torno a las declaraciones de Aldama, que ha anunciado que seguirá colaborando con la Justicia tras su condena en el caso Koldo y mientras permanecen abiertas varias causas en la Audiencia Nacional.