Una mujer que sufrió maltrato y vive junto a sus dos hijos ha denunciado a LA GACETA que en su domicilio figuran empadronados más de diez hombres magrebíes a los que no conoce y que no residen con ella. Miriam, madre de dos niñas, asegura que continúa recibiendo correspondencia dirigida a esos desconocidos y sospecha que estas inscripciones podrían haber influido en la denegación de una ayuda escolar.

La mujer solicitó una vivienda a la Comunidad de Madrid en 2021, asesorada por Servicios Sociales, ante las dificultades para afrontar los gastos familiares con su sueldo. La adjudicación llegó en 2024 y, en septiembre de ese año, acudió a empadronarse con sus hijas. Fue entonces cuando, según relata, la trabajadora que la atendió le advirtió de que ya había numerosas personas inscritas en aquella dirección. Miriam recuerda haber visto un listado de once o trece hombres cuyos nombres identifica como árabes, sin que haya podido comprobar su nacionalidad. «Me quedé un poco en shock», explica.

Cuando preguntó cómo podía corregir la situación, sostiene que le indicaron que debía esperar a que aquellas personas se empadronaran en otro domicilio. Meses después, entre noviembre y diciembre de 2024, dos agentes de policía se presentaron en su casa con un listado de nombres y le pidieron permiso para comprobar quién vivía allí. Miriam permitió que recorrieran las habitaciones y el resto del piso, donde ese día se encontraba con sus hijas y otros dos niños que estaban de visita. Asegura que explicó a los agentes que desconocía a las personas por las que preguntaban.

La visita policial no puso fin al problema, según su testimonio. En una gestión posterior para obtener otro volante de empadronamiento, preguntó si los desconocidos seguían inscritos y afirma que recibió una respuesta afirmativa. Entretanto, ha seguido encontrando en su buzón comunicaciones que atribuye a la Seguridad Social, la Comunidad de Madrid y otros organismos públicos. También recuerda una carta relacionada con la recogida de una tarjeta sanitaria, aunque explica que no conserva ese documento. «No sabemos quiénes son», insiste.

La documentación aportada a LA GACETA incluye cuatro avisos de llegada de Correos para destinatarios diferentes, todos dirigidos a la misma vivienda y con el Ayuntamiento de Móstoles consignado como remitente. Miriam cuenta que informó a la cartera de que esas personas no residían allí y que pidió conservar los avisos para dejar constancia de los envíos. Estos documentos muestran que se ha remitido correspondencia a varios nombres vinculados a su dirección, aunque no permiten determinar por sí solos cuántas personas constan actualmente en el padrón.

A esta situación se suma la denegación de una ayuda relacionada con el colegio de sus hijas. Miriam explica que la respuesta aludía a los ingresos de la unidad familiar, una valoración que considera incompatible con sus recursos económicos. Sospecha que pudieron computarse rentas de otras personas inscritas en el domicilio: «Yo le achaco que ha debido ser por eso». No obstante, reconoce que no le comunicaron expresamente que la denegación estuviera relacionada con esos empadronamientos. Su reclamación parte de una circunstancia que mantiene desde que recibió las llaves: en aquella casa viven únicamente ella y sus dos hijas.