Más problemas para José Luis Rodríguez Zapatero. La Fiscalía de Bolivia mantiene abiertas dos investigaciones preliminares sobre sus presuntas gestiones para favorecer a la cementera SOBOCE, perteneciente al Grupo Gloria, en un litigio millonario con FANCESA. Una de las pesquisas responde a la denuncia por supuesto tráfico de influencias presentada por el abogado Cristian Pablo Mina Aguilar; la otra se inició de oficio el pasado 30 de junio.

Un documento de la Fiscalía boliviana fechado el 20 de julio confirma ambos procedimientos y señala que se han cursado solicitudes de cooperación judicial a España y Perú, todavía pendientes de respuesta. El denunciante reclama que se obtenga una copia certificada del informe de la UDEF del 22 de junio, incorporado a una causa de la Audiencia Nacional, y las conversaciones recuperadas del teléfono de María Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente.

Ese material es precisamente el que la defensa de Zapatero intenta excluir del procedimiento español sobre el rescate de Plus Ultra. Sus abogados presentaron un recurso el 14 de septiembre al considerar que las averiguaciones sobre Bolivia desbordan el objeto de la causa y que el examen de sus movimientos bancarios y otros documentos excedió los límites autorizados. El instructor, José Luis Calama, ya había rechazado apartar esas pesquisas, por lo que corresponde ahora a la Sala de lo Penal pronunciarse.

La investigación policial española sitúa bajo examen tres transferencias por un total de 200.000 euros que Zapatero recibió a través de la compañía peruana Focus Social Research SAC: 100.000 euros en julio de 2024 y dos pagos de 50.000 en junio de 2025. La UDEF vincula esas cantidades con sus contactos ante autoridades bolivianas en beneficio de intereses del Grupo Gloria y sostiene que la empresa habría actuado como intermediaria para canalizar el dinero. El entorno del exmandatario rechaza esa interpretación y defiende que los ingresos correspondían a servicios legales de consultoría.

El conflicto empresarial giraba en torno a 744,3 millones de bolivianos, equivalentes a unos 107 millones de dólares, que SOBOCE debía pagar a FANCESA. El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia mantuvo esa obligación el 5 de febrero de 2025, cuando desestimó el recurso de la compañía deudora. Sin embargo, el 30 de mayo, una sala constitucional de La Paz concedió el amparo solicitado por SOBOCE y suspendió temporalmente la resolución.

La denuncia pide esclarecer qué papel tuvieron los contactos políticos anteriores a ese fallo. Según los mensajes recogidos por la UDEF, Zapatero encargó a su secretaria el 4 de mayo que buscara una conversación con Luis Arce, entonces presidente de Bolivia. La llamada se produjo al día siguiente y, el 6 de mayo, el entonces ministro de Justicia, César Siles, trasladó al expresidente español que se habían dado «las indicaciones oportunas» al procurador general, Ricardo Condori, respecto al amparo de SOBOCE. La resolución favorable llegó 24 días después de esa comunicación, aunque la sucesión de fechas no demuestra por sí sola que las gestiones determinaran la decisión judicial.

El escrito también se dirige contra Arce, Siles, Condori y los magistrados José Rodolfo Sáenz Paz y René Oscar Delgado Ecos, que concedieron el amparo. Mina Aguilar sostiene que estos últimos resolvieron más allá de lo solicitado y pide investigar posibles delitos de prevaricación y un eventual consorcio entre jueces y abogados. Para reconstruir lo ocurrido, reclama el expediente judicial completo, las grabaciones de las actuaciones, el estado de su revisión constitucional y los registros de los viajes, reuniones y entradas de Zapatero en la sede del Gobierno boliviano, incluida su visita de septiembre de 2024.