El sindicato Manos Limpias ha denunciado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su presunta responsabilidad en la muerte de varios agentes de la Guardia Civil en operaciones contra el narcotráfico, al considerar que pudo incurrir en un delito de homicidio imprudente por la falta de medios.
La acusación se fundamenta en dos episodios recientes: el fallecimiento de guardias civiles en Barbate (Cádiz) en 2024 y la muerte de otros dos agentes en una persecución de una narcolancha en aguas andaluzas. Según el escrito presentado, existe una posible relación directa entre estos desenlaces y la supuesta carencia de recursos adecuados para hacer frente a este tipo de actuaciones de alto riesgo.
Desde el sindicato sostienen que el titular de Interior habría sido advertido en múltiples ocasiones sobre la precariedad de medios con la que operan los agentes en el Estrecho. A su juicio, tanto asociaciones profesionales como miembros del propio Consejo de la Guardia Civil trasladaron reiteradamente estas carencias sin que, según denuncian, se adoptaran medidas eficaces para corregir la situación.
El documento plantea que no se trataría de una simple omisión involuntaria, sino de una conducta que podría encajar en la figura de la imprudencia penal. En este sentido, argumentan que el ministro conocía los riesgos a los que estaban expuestos los agentes y, pese a ello, no habría actuado para mitigarlos, incumpliendo así su deber de cuidado.
Asimismo, la denuncia subraya que los medios materiales disponibles para la Guardia Civil resultan insuficientes frente a la capacidad de las redes de narcotráfico, especialmente en lo que respecta a embarcaciones y equipamiento. Esta desigualdad operativa, apuntan, habría sido determinante en los trágicos sucesos.
Por todo ello, Manos Limpias solicita la apertura de diligencias y pide que se tome declaración tanto al ministro como a representantes de las asociaciones profesionales que alertaron de estas deficiencias. También reclaman la incorporación de material gráfico que permita comparar los medios utilizados por los agentes con los de las organizaciones criminales, con el fin de evidenciar la desproporción denunciada.
La causa, en caso de prosperar, pondría el foco en la gestión de los recursos destinados a la lucha contra el narcotráfico y en la responsabilidad política y penal derivada de las condiciones en las que operan las fuerzas de seguridad en zonas especialmente sensibles.
