En pleno debate sobre las bondades y peligros de la Ley Integral contra la Violencia de Género, la de la existencia -cuestionada por el feminismo radical- de denuncias falsas, es una de las líneas protagonistas.
Y una operación llevada a cabo por la Guardia Civil en 2012 demuestra que, no solo existen -existieron- sino que se articularon de forma institucionalizada:
Así, el 6 de noviembre de 2012, la Guardia Civil desmantelaba una red que presentaba denuncias falsas por violencia de género para cobrar ayudas públicas. Los detenidos ponían en contacto a mujeres inmigrantes que aspiraban a regularizar su situación en España con personas residentes en Almería; simulaban tener una relación, y a continuación las mujeres denunciaban a sus parejas por violencia de género, obteniendo así la regularización e iniciando la tramitación de una subvención de 400 euros, según relataba la propia Guardia Civil.
Se detenía entonces a 18 personas como presuntas autoras de los delitos de denuncia falsa y simulación de delito, amenazas, coacciones, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, como resultado de una investigación iniciada meses antes.
De 2.000 a 4.000 € por denuncias falsas por violencia de género
La investigación se iniciaba al detectarse un aumento significativo de denuncias por violencia de género entre ciudadanos marroquíes, presentadas en el Puesto Principal de la Guardia Civil de El Ejido (Almería), en las que coincidían una serie de características y patrones comunes.
Tras las primeras averiguaciones se localizaba a un grupo organizado compuesto por tres personas de nacionalidad marroquí que se dedicaban a buscar mujeres marroquíes en situación irregular en España. Les ofrecían poder acceder a regularizar su situación administrativa simulando ser víctimas de violencia de género, además de posibilitarles acceder a las ayudas económicas que se conceden en España para las víctimas de estos delitos. Para ello contactaban con varones marroquíes, con situación administrativa regularizada en España, para evitar su expulsión por aplicación de la Ley de Extranjería, a los cuales les ofrecían una cantidad económica de entre 2000 y 4000 euros por simular ser pareja y agresor de la mujer, con la promesa de que cuando ésta consiguiera su residencia legal en España retiraría la denuncia y la causa se archivaría, quedando sin antecedes por dichos delitos.
Una vez interpuesta la denuncia y con la sentencia provisional, las mujeres acudían a la Oficina de Extranjeros de Almería, donde presentaban una solicitud de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, conforme a su consideración de víctimas de violencia de género. En los casos investigados hasta el momento estas ayudas eran concedidas en el plazo de un mes.
Cuando las mujeres conseguían su regularización, abonaban al supuesto autor la cantidad económica acordada, así como a los miembros de la organización la cantidad previamente pactada con ellos por encargarse de todos los trámites.
La Guardia Civil también ha detectado varios casos en los que los varones inicialmente se negaron a participar en el engaño, motivo por el que fueron coaccionados y amenazados por los miembros de la organización desmantelada, viéndose obligados a colaborar en la trama.
Una de las detenciones se produjo en el puerto de Almería, cuando una de las denunciantes intentaba regresar a su país de origen al conocer la actuación policial que se estaba desarrollando.
