Treinta personas serán juzgadas en Almería por una presunta trama que habría utilizado fraudulentamente los mecanismos de protección a las víctimas de violencia de género para conseguir permisos de residencia para mujeres marroquíes en situación ilegal. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por El Debate, la operativa combinaba agresiones acordadas, declaraciones falsas sobre relaciones sentimentales y resoluciones judiciales empleadas posteriormente ante Extranjería.

El juicio está señalado para el 7 de octubre en el Juzgado de lo Penal número 3 del Tribunal de Instancia de Almería. En el banquillo se sentarán el supuesto organizador, trece hombres y dieciséis mujeres. El Ministerio Público solicita ocho años y medio de prisión para el presunto responsable.

Agresiones pactadas y parejas ficticias

La Fiscalía sitúa el funcionamiento del sistema entre 2017 y 2019. El principal acusado y otro hombre actualmente en búsqueda y detención habrían explicado a las mujeres cómo acceder a la regularización utilizando la protección prevista para las víctimas de violencia de género.

Después las ponían en contacto con varones, en su mayoría españoles, que las agredían en lugares concurridos para que hubiera testigos. La investigación recoge episodios en paseos marítimos, parques, establecimientos y entradas de colegios de distintos municipios almerienses.

Según la acusación, los hombres sabían que las agresiones buscaban facilitar la obtención de residencia, aunque no necesariamente conocían que las mujeres declararían que eran sus parejas o solicitarían prestaciones. Los participantes habrían recibido hasta 4.500 euros por intervenir.

La supuesta falsedad residía en presentar aquellas agresiones pactadas como episodios de violencia dentro de una relación sentimental inexistente.

Permisos de cinco años y prestaciones públicas

Las mujeres denunciaban ante la Guardia Civil y declaraban posteriormente en el juzgado. Los hombres reconocían los hechos y los procedimientos rápidos terminaban con sentencias de conformidad por lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer.

Con esas resoluciones, las denunciantes acudían a Extranjería para solicitar autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. La Fiscalía sostiene que llegaron a obtener permisos de cinco años.

Algunas también habrían cobrado prestaciones de la Renta Activa de Inserción, con importes de hasta 5.600 euros ahora reclamados. Nueve acusadas responden además por presuntos delitos contra la Seguridad Social.

Las mujeres afrontan peticiones de hasta cinco años y tres meses de prisión; para los trece varones se solicitan nueve meses. El tribunal deberá examinar las pruebas y determinar las responsabilidades individuales por los hechos atribuidos en la acusación provisional.