Un edificio okupado ubicado en la calle Real de Collado Villalba, propiedad de la Sareb, dependiente del Ministerio de Vivienda, ha sido desalojado. Desde primera hora de la mañana, decenas de personas convocadas por la Asamblea de Vivienda Villalba, se han congregado a las puertas del bloque ubicado en la calle Real 13-15 para evitar la desokupación.
Un amplio dispositivo policial formado por efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil custodiaba el inmueble, donde los congregados han dispuesto colchones y enseres a modo de muro en la zona de entrada para intentar evitar el acceso.
Se trata de un edificio de la Sareb ocupado desde hace años. El desalojo del inmueble se produce a petición del Ayuntamiento de la localidad tras constatarse que el inmueble no reunía las condiciones mínimas exigibles para su uso como vivienda. Según el Consistorio, responde «a criterios técnicos, de seguridad y de salubridad» y se ha realizado con «pleno respeto a la legalidad vigente» y siguiendo «criterios técnicos objetivos».
Los okupas aseguran que «no han pedido una autorización judicial de entrada al domicilio; no hay declaración de ruina del edificio ni situación de emergencia que justifique un desalojo sin autorización judicial», recalcan.
Desde el equipo de Gobierno insisten en que informes técnicos municipales «acreditan de forma concluyente la existencia de deficiencias estructurales, así como graves carencias en materia de seguridad y condiciones higiénico-sanitarias, incompatibles con la permanencia de personas en el interior del edificio y que suponían un riesgo real para la integridad física y la salud de sus ocupantes».
Un informe técnico del arquitecto municipal con fecha de 13 de noviembre sobre este edificio, donde el pasado 26 de octubre se registró un pequeño incendio, concluyó que el edificio carecía de licencia de primera ocupación, según apuntan desde el Consistorio.
El Consistorio ha explicado además que, «actuando con responsabilidad y proporcionalidad», se instó a los propietarios a adoptar las medidas necesarias para resolver la situación. Así, se le comunicó la necesidad de regularizar una serie de actuaciones con el fin de garantizar la seguridad en el edificio y adecuarlo a la normativa vigente.
Un día después, el 14 de noviembre, desde el Ayuntamiento se emitió otro informe técnico por parte del Área de Sanidad donde se detalla la situación del inmueble con una serie de deficiencias higiénico-sanitarias y de seguridad. «Las condiciones higiénico-sanitarias en las zonas inspeccionadas son deficientes, por lo que dichas zonas en concreto no reúnen los requisitos mínimos de salubridad», se indicaba en el mismo, según la versión del equipo de Gobierno.
En este contexto, desde el Consistorio se concedió a los propietarios del edificio un «plazo prudencial» con el objetivo de que pudiera ofrecer alternativas habitacionales, especialmente para aquellas personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad que se encontraban en el edificio.