La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafar a administraciones públicas mediante la suplantación de correos electrónicos corporativos. La red consiguió desviar más de 32.000 euros de dos ayuntamientos de la provincia de Segovia, cuyos responsables realizaron transferencias bancarias convencidos de que estaban abonando facturas legítimas por obras y servicios contratados.

La investigación, desarrollada en el marco de la denominada Operación Canterbec, ha permitido identificar a cinco personas presuntamente implicadas en la trama. Tres de ellas han sido detenidas en las provincias de Orense, Almería y Sevilla, acusadas de presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

El caso salió a la luz después de que los dos consistorios afectados y una empresa constructora denunciaran que varios pagos municipales habían terminado en cuentas bancarias ajenas al proveedor legítimo.

Los estafadores vigilaban los correos electrónicos y cambiaban las cuentas de cobro

Según las pesquisas de la Guardia Civil, los delincuentes habían monitorizado previamente las comunicaciones electrónicas entre la empresa y los ayuntamientos. Una vez recopilada la información necesaria, enviaban mensajes desde direcciones prácticamente idénticas a las originales para hacerse pasar por el proveedor.

En esos correos comunicaban un supuesto cambio de cuenta bancaria y adjuntaban documentación falsificada con apariencia oficial. Los responsables municipales acababan transfiriendo el dinero a cuentas controladas por la organización, creyendo que cumplían con sus obligaciones de pago.

La Benemérita ha confirmado que otros organismos públicos también recibieron comunicaciones fraudulentas similares, aunque consiguieron detectar el engaño antes de efectuar las transferencias.

Tres detenidos y conexiones con otras investigaciones por estafa

Los agentes del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y del Equipo Arroba de la Comandancia de Segovia lograron reconstruir el recorrido del dinero sustraído. Los fondos eran transferidos entre distintas cuentas bancarias y retirados posteriormente en cajeros automáticos, una operativa destinada a dificultar su localización.

El análisis de las operaciones permitió identificar a los titulares de las cuentas receptoras y a los colaboradores que participaban en los movimientos de dinero. Los investigadores descubrieron, además, que alguno de los implicados ya estaba siendo investigado por otros fraudes similares contra empresas y administraciones públicas.

La operación ha concluido con tres detenciones y la identificación de otras dos personas presuntamente relacionadas con la trama. La Guardia Civil ha advertido de la expansión de este tipo de estafas, conocidas como fraude BEC (Business Email Compromise), que aprovechan la confianza existente entre proveedores y administraciones para modificar fraudulentamente las instrucciones de pago.

El Instituto Armado recomienda verificar cualquier solicitud de cambio de cuenta bancaria mediante una llamada telefónica directa al proveedor, evitando confirmar los datos a través del mismo correo electrónico que pueda haber sido suplantado.