La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la trata y explotación sexual de mujeres de nacionalidad china en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla.

La operación se saldó con la detención de ocho personas, en su mayoría de nacionalidad china, entre ellas la considerada principal responsable de la trama. Los agentes localizaron además a once mujeres que se encontraban sometidas a explotación sexual.

El dispositivo fue ejecutado el pasado 17 de junio y movilizó a más de 50 policías. Durante la intervención se practicaron ocho entradas y registros en inmuebles de Los Barrios, en Cádiz; Marbella y Estepona, en Málaga; y Dos Hermanas, en Sevilla.

La red utilizaba viviendas y establecimientos de masaje como lugares para prostituir a las víctimas, que vivían bajo vigilancia permanente y apenas podían mantener contacto con el exterior.

Captadas en China mediante engaños

Según la investigación, las mujeres eran captadas directamente en China mediante falsas promesas y trasladadas después a España. La organización se encargaba de financiar los billetes de avión. Una vez en territorio español, convertía el coste del viaje en una deuda que las víctimas debían devolver mediante el ejercicio de la prostitución.

Las mujeres eran distribuidas entre diferentes inmuebles controlados por la trama en el Campo de Gibraltar, la Costa del Sol y la provincia de Sevilla. Para aumentar la demanda de clientes, los responsables las trasladaban periódicamente de una vivienda a otra. De este modo, la organización renovaba la oferta anunciada y mantenía el control sobre sus movimientos.

Los propios integrantes de la red publicaban los anuncios en páginas especializadas, gestionaban las citas y supervisaban la actividad desarrollada en cada uno de los locales.

Encerradas y vigiladas con cámaras

La Policía señala que las víctimas permanecían en condiciones insalubres y prácticamente aisladas del exterior. Sólo podían abandonar los inmuebles cuando iban acompañadas por algún miembro de la organización.

La vigilancia era constante. Los lugares de explotación disponían de cámaras de seguridad conectadas a un sistema al que tenía acceso directo la dirigente de la trama. Esta estructura permitía controlar tanto a las mujeres como el funcionamiento de las viviendas, las entradas de clientes y la actividad de los demás integrantes de la organización.

Algunas de las víctimas llegaban a dormir en los mismos establecimientos donde eran prostituidas, sin separación real entre su lugar de explotación y el espacio destinado al descanso.

Falsos centros de masaje

La organización gestionaba también varios centros de masaje que aparentaban ejercer una actividad comercial legal. Detrás de esa fachada, las mujeres eran obligadas a prestar servicios sexuales y, en algunos casos, a pernoctar en los propios locales.

La Policía considera que vivían sometidas a un régimen de semiesclavitud, marcado por la deuda, el aislamiento, la dependencia económica y el control permanente de sus explotadores.

Cerca de 900.000 euros intervenidos

Durante los registros, los agentes encontraron cerca de 100.000 euros en efectivo, presuntamente procedentes de los beneficios obtenidos mediante la explotación sexual. La investigación permitió también bloquear 22 cuentas bancarias. Una de ellas contenía alrededor de 120.000 euros.

Los agentes ordenaron además el embargo de bienes muebles e inmuebles valorados en unos 70.000 euros. En conjunto, el patrimonio intervenido o bloqueado durante la operación se aproxima a los 900.000 euros.