La Guardia Civil ha detenido en la comarca burgalesa de Las Merindades a dos personas acusadas de formar parte de una organización dedicada a trasladar a España a mujeres embarazadas que residían ilegalmente en la Unión Europea, principalmente de nacionalidad brasileña, con el objetivo de que sus hijos nacieran en territorio español.

Según la investigación, la red aprovechaba posteriormente el nacimiento de los menores para tramitar la nacionalidad española por «simple presunción» y facilitar después la regularización administrativa de sus progenitores. La organización ofrecía a las mujeres un auténtico «servicio integral», publicitado a través de redes sociales, por el que cobraba entre 1.000 y 2.500 euros.

El paquete incluía la búsqueda y reserva de alojamiento, desplazamientos, servicios de traducción, gestión de documentación y asesoramiento durante los distintos procedimientos administrativos necesarios para permanecer en España.

Trasladaban a las mujeres en la fase final del embarazo

El mecanismo investigado consistía en promover el desplazamiento de las gestantes a España durante las últimas fases del embarazo, de manera que el parto tuviera lugar en territorio nacional.

Una vez producido el nacimiento, los responsables de la organización ayudaban a las mujeres a realizar las gestiones necesarias para solicitar la nacionalidad española de los recién nacidos mediante el procedimiento de simple presunción. Este mecanismo permite reconocer la nacionalidad española a determinados menores nacidos en España cuando, debido a la legislación de los países de sus progenitores, quedarían de otro modo sin nacionalidad.

La concesión no es automática por el mero hecho de nacer en España y depende de las circunstancias legales concretas de cada caso. Posteriormente, según la Guardia Civil, la organización orientaba a los padres para utilizar la situación del menor en los procedimientos destinados a conseguir autorizaciones de residencia en España.

Alojamiento, hospitales y trámites administrativos

Los investigados acompañaban a las gestantes durante las semanas anteriores al parto. Entre sus funciones figuraban los traslados a hospitales y centros de salud, la asistencia durante las gestiones vinculadas al nacimiento y la preparación de la documentación necesaria para iniciar posteriormente los procedimientos administrativos.

El alojamiento era habitualmente proporcionado en habitaciones compartidas, que la propia organización localizaba y reservaba como parte de sus servicios.

La investigación sostiene que el grupo había desarrollado de esta forma una estructura destinada a captar potenciales clientes en las redes sociales y gestionar prácticamente todo el proceso desde la llegada de las mujeres hasta los posteriores trámites de residencia.

Contratos de alquiler ficticios

Los investigadores han detectado además una supuesta utilización de contratos de arrendamiento falsos o elaborados expresamente para simular que los clientes residían realmente en determinados domicilios. Estos documentos eran posteriormente empleados para formalizar el empadronamiento y acreditar una residencia que, según la Guardia Civil, no existía realmente.

El objetivo habría sido facilitar el acceso a beneficios administrativos relacionados con la permanencia y regularización en España. Esta práctica ha llevado a los investigadores a atribuir también a los responsables de la red un presunto delito de falsedad documental.

También investigados por coacciones

La investigación no se limita a las actividades relacionadas con la inmigración. Los dos arrestados están siendo investigados además por un presunto delito de coacciones, después de que supuestamente impidieran a varios arrendatarios acceder a las viviendas que ocupaban.

Según las pesquisas, la finalidad habría sido forzar su desalojo y reclamarles cantidades de dinero al margen de los procedimientos previstos legalmente.

A los detenidos se les atribuye hasta el momento un delito continuado de favorecimiento de la inmigración irregular, agravado por su presunta comisión dentro de una organización criminal, además de delitos de organización criminal, falsedad documental y coacciones.

La operación permanece abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones. Los arrestados, las diligencias policiales y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Villarcayo, Sección Civil y Penal número 2, que dirige la investigación.