La Policía Nacional ha desarticulado en Segovia una red dedicada a la falsificación de certificados de empadronamiento con los que numerosos inmigrantes trataban de acceder al procedimiento de solicitud de asilo en España. La trama operaba bajo la apariencia de una asociación de ayuda al inmigrante, que en realidad no existía, y cobraba entre 100 y 280 euros por cada documento fraudulento.

Los investigadores detectaron el fraude tras observar un aumento anómalo de extranjeros que acudían a la Brigada Provincial de Extranjería aportando certificados expedidos, supuestamente, por ayuntamientos como Torrecaballeros, El Espinar o Abades. Las verificaciones con los consistorios confirmaron que ninguno de ellos estaba empadronado, desencadenando así la operación ‘Nordap’.

La red no sólo fabricaba certificados falsos: también ofrecía citas para renovar la tarjeta de solicitante de protección internacional, un trámite clave para prolongar la estancia legal. Todo el proceso se gestionaba por medios telemáticos, redes sociales y pagos a través de Bizum, lo que amplió la actividad del grupo a las provincias de Segovia, Ávila y Madrid.

Uno de los implicados se hacía pasar por abogado y miembro de la supuesta asociación, pese a no tener titulación ni estar inscrito en ningún colegio profesional, lo que añade un delito de intrusismo a la causa. La operación culminó con la detención de seis personas y la incautación de numerosa documentación falsificada, además de modelos originales utilizados como soporte para las copias fraudulentas.

Los certificados no sólo simulaban la residencia en España: también permitían acceder a servicios públicos y a trámites administrativos esenciales, un uso que incrementa la gravedad del fraude y su impacto en el sistema.

La investigación continúa bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 4 de Segovia, que analiza ahora la posible existencia de más beneficiarios y ramificaciones de esta red dedicada a facilitar la inmigración ilegal mediante falsificaciones documentales.