La Policía Nacional ha descubierto posibles irregularidades en la documentación presentada por algunos inmigrantes para acogerse al proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Entre las prácticas detectadas figura la obtención de certificados de exclusión social expedidos por determinadas ONG después de que el interesado se afiliara y abonara una cuota de alrededor de 60 euros, según fuentes policiales citadas por ABC.

La acreditación de una situación de vulnerabilidad constituye una de las vías contempladas en el procedimiento. Para justificarla era necesario disponer de un informe, pero este no tenía que proceder necesariamente de los servicios sociales de una Administración. Determinadas organizaciones podían emitir documentos que acreditasen haber atendido al solicitante, una posibilidad que habría sido aprovechada para obtener certificados mediante procedimientos mucho más rápidos.

Fuentes policiales señalan que se han localizado casos, entre otros lugares en Almería, en los que el interesado habría contactado por correo electrónico con una ONG situada incluso en Madrid o Barcelona. Tras afiliarse y pagar unos 60 euros, habría recibido el correspondiente certificado sin tener que seguir el itinerario habitual de entrevistas y evaluaciones. Los investigadores consideran que esta práctica podría constituir un «fraude de ley», aunque advierten de que ahora será necesario demostrar que no se realizaron realmente las comprobaciones necesarias para acreditar la exclusión social.

El procedimiento convencional resulta considerablemente más largo. Quienes recurren a centros de acogida o servicios especializados deben esperar a ser atendidos, superar una primera evaluación y posteriormente mantener entrevistas con trabajadores sociales, que determinan si concurren las circunstancias alegadas. Ese proceso puede terminar además con una valoración desfavorable, circunstancia que habría convertido la alternativa de algunas ONG en un atajo mucho más atractivo.

Las sospechas no se limitan a estos certificados. La acumulación de solicitudes ha provocado la aparición de otros negocios alrededor de las citas administrativas. Entre las prácticas detectadas figura la reserva masiva de turnos para revenderlos posteriormente a extranjeros interesados en tramitar su expediente. Según las fuentes citadas, algunas citas habrían llegado a ofrecerse por cantidades de entre 30 y 50 euros.

El proceso se gestiona principalmente mediante el registro telemático Mercurio, aunque los solicitantes también han recurrido a dependencias policiales y oficinas de Correos. Estas últimas llegaron a sufrir una fuerte saturación en junio. Fuentes de Extranjería en Andalucía explican que entre algunos interesados se extendió la percepción de que presentar allí la documentación era más sencillo y que los controles resultaban menos exigentes que ante la Policía Nacional.

A estas situaciones se añaden las posibilidades abiertas por los propios requisitos de la regularización. Entre los potenciales beneficiarios se encuentran personas cuyo asilo hubiera sido denegado pero permaneciera recurrido antes del 1 de enero de 2026, de modo que una resolución administrativa negativa previa no impide necesariamente acogerse al nuevo procedimiento mientras exista un recurso pendiente.

La Policía deberá determinar ahora individualmente qué expedientes contienen documentación irregular y cuáles cumplen realmente los requisitos. En el caso de los certificados expedidos por ONG, el punto central de las pesquisas será comprobar si existió una verdadera intervención social y se realizaron las entrevistas necesarias, o si determinados documentos fueron expedidos únicamente después del pago de una afiliación.