Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un varón por implicación en delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la Seguridad Social. El arresto, llevado a cabo por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Alicante, se produce tras una investigación que reveló el uso fraudulento de cartas de invitación para facilitar la estancia ilegal de familiares en España, lo que permitió el acceso indebido a servicios sanitarios públicos.
La operación policial se inició a raíz de indicios sobre un posible abuso de las cartas de invitación, un documento oficial regulado por la Policía Nacional que autoriza estancias temporales de hasta 90 días para visitas familiares o turísticas. Según los detalles de la investigación, el detenido tramitó dos de estas cartas para sus padres, con la intención manifiesta de que no regresaran a su país de origen al finalizar el plazo legal, sino que se establecieran de forma permanente en territorio español.
Una vez en España, el investigado procedió a empadronar a sus progenitores en su domicilio de Alicante, una acción que evidenciaba la voluntad de burlar la normativa de extranjería. Esta irregularidad permitió a la madre del detenido solicitar la tarjeta sanitaria individual, a pesar de encontrarse en situación ilegal, y acceder a un tratamiento médico en el sistema público de salud. El coste de dicha atención ascendió a más de 9.000 euros, asumidos íntegramente por la Seguridad Social, lo que configura un claro fraude al erario público.
La UCRIF, especializada en la detección de redes de inmigración ilegal y falsedad documental, verificó que los padres no abandonaron el país al expirar los 90 días autorizados, cometiendo así una infracción grave tipificada en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Además, durante las pesquisas, los agentes descubrieron que el detenido había solicitado sendas cartas de invitación para sus dos hermanas, lo que sugería un plan reiterado para extender el fraude a otros familiares.
El Código Penal español, en su artículo 318 bis, castiga con penas de hasta ocho años de prisión el favorecimiento de la inmigración clandestina, mientras que el fraude a la Seguridad Social se enmarca en delitos contra la Hacienda Pública. Tras la localización y detención del individuo, se practicaron las diligencias correspondientes y fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.
Desde la Policía Nacional se subraya la importancia de las cartas de invitación como herramienta exclusiva para estancias temporales, y se advierte sobre las graves consecuencias penales y administrativas de su uso indebido. «Estas prácticas no solo vulneran la normativa migratoria, sino que perjudican los recursos públicos destinados a la protección social de los residentes legales», indican fuentes policiales.
