La Policía Nacional ha detenido en Ceuta a un menor marroquí de 17 años acusado de agredir sexualmente a tres niñas de entre 10 y 11 años en un centro de acogida de la ciudad autónoma, según fuentes policiales citadas por ABC.
Tanto el arrestado como las víctimas entraron en Ceuta durante la avalancha migratoria de finales de julio y se encontraban alojados en recursos destinados a menores extranjeros.
Las presuntas agresiones tuvieron lugar en el Centro Piniers, ubicado en el barrio de El Príncipe y utilizado como instalación de emergencia para la acogida temporal de menores extranjeros no acompañados. La Policía investiga ahora si el adolescente pudo cometer más agresiones dentro del propio centro.
Tres niñas de entre 10 y 11 años
Según las fuentes policiales, el menor está acusado de tres presuntas agresiones sexuales contra niñas de apenas 10 y 11 años. Los hechos se habrían producido durante las primeras semanas de agosto, poco después de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta.
La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen más posibles víctimas. El caso vuelve a poner el foco sobre las condiciones de seguridad dentro de unos recursos de acogida sometidos a una enorme presión desde finales de julio.
La Policía pregunta qué medidas se han adoptado
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reclamado explicaciones sobre las medidas adoptadas tras la detención. «Estamos hablando de una presunta agresión sexual cometida por un menor de 17 años dentro de un centro de acogida y lo primero que queremos saber es qué medidas se han adoptado inmediatamente después», han señalado fuentes del sindicato.
El SUP pregunta también dónde se encuentra actualmente el detenido, si continúa en el mismo centro, si se han impuesto medidas cautelares y qué protección reciben las víctimas y el resto de menores, especialmente las niñas alojadas en las mismas instalaciones.
«Después de un hecho de esta gravedad no podemos limitarnos a decir que es menor y dejar de hacer preguntas», advierte el sindicato.
«Hacinar personas tiene consecuencias»
El SUP sostiene que, si existe riesgo de reiteración, la Administración tiene la obligación de garantizar la seguridad del resto de menores. El sindicato reclama además conocer cuál será la situación del adolescente cuando cumpla la mayoría de edad y cuál es su situación administrativa en España.
«Llevamos demasiado tiempo avisando de que hacinar personas, saturar los recursos de acogida y prolongar indefinidamente esta crisis tiene consecuencias», afirman las fuentes policiales. Y concluyen: «La protección de los menores incluye también protegerlos de otros menores que puedan representar un riesgo».
