La estrategia del PSOE de situar la vivienda en el centro de la campaña electoral continúa chocando con el patrimonio inmobiliario de algunos de sus propios dirigentes. La última en sumarse a la lista es Alicia Vanoostende Simili, diputada socialista por La Palma en el Parlamento de Canarias, que declaró participaciones en diez viviendas al tomar posesión de su escaño en junio de 2023.

Según su declaración de bienes, Vanoostende participa en cinco viviendas situadas en Bélgica, heredadas en 2015 y de las que posee un 33%; cuenta además con el 50% de un apartamento adquirido en Murcia en 2007 y participa, a través de una sociedad de la que tiene otro 33%, en cuatro viviendas en La Palma. Por tanto, no es propietaria al 100% de diez casas, pero sí figura patrimonialmente en una decena de inmuebles residenciales.

A las puertas de la definición de «gran tenedor»

La revelación resulta especialmente incómoda para los socialistas después de convertir el acceso a la vivienda en uno de sus principales argumentos electorales de cara al 29 de noviembre. La Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno en 2023 fijó con carácter general la consideración de «gran tenedor» para quienes sean titulares de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial, aunque la norma contempla supuestos específicos en zonas tensionadas.

Vanoostende queda así, atendiendo al número de propiedades en las que participa, muy cerca del umbral utilizado por el propio Ejecutivo socialista como referencia política para señalar a los grandes propietarios.

La contradicción adquiere todavía mayor relieve por el discurso del PSOE canario. La formación ha planteado la campaña como una elección entre «fondos buitre o derechos» y entre «privilegios o servicios públicos», mientras acusa al PP de bloquear las medidas intervencionistas impulsadas desde La Moncloa.

Se acumulan los patrimonios inmobiliarios en el PSOE

El caso de Vanoostende se suma a otras informaciones conocidas durante los últimos días sobre dirigentes socialistas y personas de su entorno. Entre ellas figura el patrimonio inmobiliario de la pareja de la portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, y el caso de un diputado socialista murciano que dirigió durante casi dos décadas un bufete especializado en ejecuciones hipotecarias y que actualmente representa a fondos de inversión.

También trascendió recientemente que otra parlamentaria socialista, Mercè Perea, declara 13 inmuebles urbanos. La sucesión de casos amenaza con erosionar uno de los principales ejes de la campaña socialista: presentar al PSOE como garante del acceso a la vivienda frente a propietarios, grandes tenedores y fondos de inversión.