La Policía Nacional ha desarticulado en Níjar (Almería) un presunto grupo que promovía la suplantación de identidad de trabajadores inmigrantes en situación irregular, en una operación en la que han sido detenidas doce personas, entre ellos los tres máximos responsables de una empresa investigada.
A los arrestados se les imputa la comisión de delitos de usurpación de identidad, falsedad documental, e infracción a la Ley de Extranjería, informa la Comisaría de Almería en una nota.
La investigación se originó gracias al convenio de colaboración existente entre la Policía Nacional y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Almería.
De esta forma, se inspeccionó una empresa del sector agrario asentada en Níjar en la que fueron detenidas nueve personas por usurpación de identidad y estancia irregular en territorio español, al carecer de permiso de trabajo y residencia que les habilitase a ello.
Los detenidos, conocedores de la ausencia de los requisitos documentales necesarios para desempeñar un puesto de trabajo en condiciones de legalidad, hicieron uso de documentos de identidad de otras personas que sí poseían dichos requisitos, o en su caso, que ya se encontraban dados de alta en el régimen de la Seguridad Social, pero que actualmente no estaban desempeñando actividad laboral alguna.
Cada uno de los arrestados portaba consigo una fotocopia de un documento de identidad de la persona a la cual había suplantado la identidad.
Si bien la similitud física y fisionomía entre los suplantadores y los suplantados en algunos casos podría generar cierta confusión, en otros la diferencia de edad de más de 20 años no daba lugar a error alguno para los investigadores.
La evolución de las pesquisas policiales posibilitó la detención del propietario de la explotación agraria asentada en la carretera de Nijar, y localidad que lleva el mismo nombre, junto con dos de sus empleados u de absoluta confianza.
Presuntamente, éste daba las instrucciones precisas a éstos encargados, para que fueran ellos quienes reclutasen a personas de origen subsahariano, y al tiempo que les ofrecía trabajo en dicha explotación, les facilitaba a algunos de ellos las fotocopias de los documentos de identidad de los trabajadores en situación de legalidad, y en otros casos, les indicaba que debían pedir a algún compatriota suyo la copia de tal documento.
Los dos encargados, siguiendo las directrices de su jefe, eran «especialmente escrupulosos en el adoctrinamiento de los trabajadores ilegales, a quienes inculcaban que en caso de que la Policía Nacional u otro funcionario público les preguntase por su identidad durante la jornada de trabajo, debían responder con los datos suplantados».
Estas tres personas fueron apresadas igualmente, elevando a doce el número de detenciones.