La exministra de Hacienda, María Jesús Montero, intervino en el procedimiento de adjudicación del edificio estatal situado en el número 50 de la calle María de Molina de Madrid, el mismo inmueble por cuya venta un empresario asegura que le exigieron una comisión del 3% destinada supuestamente a «un primo» de la dirigente socialista.

La documentación del procedimiento, a la que ha tenido acceso The Objective, establece que la adjudicación dependía del Ministerio de Hacienda y que debía acordarse mediante una orden de su titular. La operación ha quedado bajo el foco después de que un empresario dedicado a la intermediación de grandes activos inmobiliarios denunciara que un representante de Hacienda le reclamó una comisión que habría ascendido a 4,7 millones de euros.

El apartado noveno del pliego de condiciones que reguló la venta del inmueble establece que «la adjudicación del lote se acordará por Orden de la Ministra de Hacienda y Función Pública, que será suscrita por la autoridad que corresponda en virtud de la Orden de delegación de competencias vigente».

El documento añade que el acta de la subasta y el expediente de enajenación debían elevarse a la Subdirección General del Patrimonio del Estado junto con la documentación complementaria necesaria para cumplir la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Fuentes de la Administración consultadas por el citado periódico sostienen que, aunque determinadas competencias pudieran delegarse para la firma de la resolución, la decisión seguía siendo jurídicamente un acto del titular del ministerio. El cargo delegado actuaba en representación de la ministra y, desde el punto de vista administrativo, la resolución se consideraba dictada por el departamento dirigido entonces por Montero.

El edificio de María de Molina salió a subasta pública en tres ocasiones: 2019, 2021 y 2023. El procedimiento definitivo avanzó con la constitución de la mesa de subasta el 25 de septiembre de 2023.

La mesa estaba formada por el delegado especial de Economía y Hacienda en Madrid, que ejercía como presidente; un representante de la Abogacía del Estado; el interventor correspondiente; y la jefa de servicio de la Secretaría General de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Madrid.

La sesión se celebró en la sede de la Agencia Tributaria de la calle Guzmán el Bueno. Allí se examinó primero la documentación administrativa presentada por las empresas interesadas y, posteriormente, las ofertas económicas.

Las compañías que superaron esta fase fueron Grupo Whiteni Socimi S.A., Nescaleo S.L.U., Barnaby Investments, Rainforest Capital Partners S.L., Conren Tramway Doce S.L.U. y Tomaleta Servicios y Gestiones S.L.

Según las fuentes consultadas por The Objecitve, la mesa formuló una propuesta de adjudicación favorable a Barnaby Investments, perteneciente al Grupo Lar. La decisión provocó controversia entre otros candidatos, aunque la propuesta de la mesa no tenía carácter vinculante.

El expediente fue remitido posteriormente a la Subdirección General del Patrimonio del Estado y continuó su tramitación hasta llegar al órgano competente para resolver la adjudicación. Las fuentes de la Administración citadas por el periódico aseguran que esa decisión correspondió al departamento dirigido por Montero.

«El órgano competente podría haber recaído en alguna dirección ministerial. Sin embargo, la elección del ganador fue una decisión directa de la ministra», sostienen estas fuentes.

El adjudicatario final fue el Grupo Lar, que presentó una oferta de 204.700.013 euros. La cantidad superó en casi 49 millones el precio mínimo exigido y también rebasó el importe fijado en la primera subasta, celebrada en 2019 y cerrada entonces sin comprador.

La documentación sobre la participación del Ministerio de Hacienda en el procedimiento cobra especial relevancia después de la denuncia realizada por un empresario dedicado a la intermediación en operaciones de compraventa de grandes activos inmobiliarios.

El empresario, cuya identidad no ha sido revelada por temor a posibles represalias profesionales, asegura que durante uno de los intentos de venta del edificio un representante de Hacienda le exigió el pago de una comisión equivalente al 3% del importe de la operación.

Según su testimonio, el dinero estaba destinado supuestamente a «un primo de la ministra Montero». La cantidad habría alcanzado los 4,7 millones de euros de acuerdo con los datos económicos aportados por el propio empresario.

El testigo sostiene que el pago de la comisión era una condición necesaria para que la operación pudiera prosperar. El empresario rechazó la exigencia y la compraventa con su cliente no llegó a materializarse.

La documentación conocida ahora acredita que el Ministerio de Hacienda tenía un papel determinante en el procedimiento de adjudicación del inmueble y que la resolución debía adoptarse mediante una orden de la titular del departamento. Un elemento que sitúa la gestión de Montero en el centro de una operación sobre la que pesa ahora la denuncia de un empresario por la presunta exigencia de una comisión millonaria.