Los contactos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro han entrado en el radar de la Justicia estadounidense. La demanda presentada en Florida el pasado 14 de agosto contra la cúpula chavista por sus vínculos con el narcotráfico incluye al antiguo jefe del Ejecutivo español en las pesquisas.

La acción judicial se basa en la Rico Act, una ley creada hace más de medio siglo para perseguir a organizaciones mafiosas y redes de droga. Su particularidad es que permite seguir la pista de todas las personas vinculadas a los investigados, entre ellos el dictador Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y destacados dirigentes del chavismo.

Fuentes cercanas al proceso apuntan a Vozpópuli que las labores de lobby y asesoramiento de Zapatero en Venezuela podrían haber conllevado “contraprestaciones económicas” procedentes del régimen bolivariano. Con esta norma, cualquier pago queda marcado como dinero a rastrear e incluso susceptible de ser inmovilizado.

Si se acreditase colaboración material con lo que Washington califica de “narcoestado terrorista”, Zapatero podría sufrir sanciones similares a las impuestas a empresarios y diplomáticos del círculo chavista. La demanda en Miami se apoya también en la Ley Federal contra el Terrorismo (ATA) y la propia legislación antiterrorista de Florida.

El procedimiento conecta con otro proceso abierto en Nueva York contra Maduro y sus colaboradores, entre ellos Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar. Carvajal, extraditado desde España en 2023 con el aval del Gobierno de Sánchez y de Zapatero, se declaró culpable de conspirar con las FARC para introducir cocaína en EEUU durante más de una década.

Su cooperación con las autoridades norteamericanas, premiada con una mejora en sus condiciones penitenciarias, es vista como determinante para reforzar los cargos contra la cúpula chavista.

La ofensiva judicial se acompaña de un despliegue naval de EE.UU. en el Mar Caribe, respaldado por Países Bajos y Francia, y secundado por países como Argentina, Perú, Paraguay, República Dominicana y Ecuador. El Departamento de Estado, bajo la coordinación del senador Marco Rubio, busca reforzar la consideración del ‘Cártel de los Soles’ como organización terrorista.

Desde la Administración Trump se observa con “estupor” el “giro asiático” de Sánchez, vinculado a los contratos del Ministerio del Interior con Huawei, y se critica la ambigüedad del Gobierno español ante la guerra legal contra Maduro.

Las fuentes consultadas no descartan un pronunciamiento público del Departamento de Estado en las próximas semanas. El vicesecretario Christopher Landau podría señalar directamente a Zapatero por su labor de blanqueamiento internacional del chavismo, respaldada por foros como el Grupo de Puebla.

La inquietud en Washington se ve agravada por la hostilidad del Ejecutivo español hacia Israel, su resistencia a aumentar el gasto en defensa dentro de la OTAN y los acuerdos con Huawei. Una combinación que amenaza con tensar las relaciones bilaterales y afectar a empresas españolas con intereses en EEUU.

Entre los demandados en el tribunal de Florida, además de Maduro y Delcy Rodríguez, figuran también Vladimir Padrino (ministro de Defensa), Diosdado Cabello (ministro del Interior y Justicia), Tarek Saab (fiscal general) y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy.