El Congreso de los Diputados dio luz verde el pasado 19 de diciembre a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, una de las iniciativas clave del Gobierno de Félix Bolaños. Esta reforma, que supone una transformación profunda del sistema judicial español, busca reemplazar los juzgados unipersonales por los tribunales de instancia, una decisión que ha generado preocupación entre jueces y magistrados debido a la falta de dotación presupuestaria adecuada y a la posibilidad de saturación judicial.
Entre las novedades más destacadas, la norma propone la creación de «tribunales de instancia», órganos colegiados que unificarán los juzgados de primera instancia bajo una misma estructura en cada partido judicial. Además, se establecerán Oficinas de Justicia en todos los municipios y se asignarán nuevas competencias a los juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer, ampliando su ámbito de actuación para incluir delitos contra la libertad sexual, como recoge también la ley del ‘sí es sí’.
A pesar de estas innovaciones, las asociaciones judiciales han expresado su descontento. Según María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, la implementación de esta reforma sin recursos económicos suficientes solo agravará la carga laboral del Poder Judicial. «El sistema actual ya funciona gracias al esfuerzo extraordinario de los jueces. Esta nueva estructura no resolverá los problemas de fondo sin una inversión significativa«, señaló.
De manera similar, Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, calificó los tribunales de instancia como un «cambio cosmético» que podría desembocar en un caos organizativo. Criticó la falta de contratación de nuevos funcionarios y alertó sobre una tendencia que considera preocupante: convertir al juez en un «funcionario más».
Por otro lado, Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente, subrayó la brecha entre lo planeado y la realidad. «No basta con cambiar nombres o reorganizar despachos. Sin una inversión adecuada, todo quedará en otra ocurrencia gubernamental«, sentenció, destacando la importancia de optimizar los recursos asignados al sistema judicial.
Desde la asociación Juezas y Jueces por la Democracia, su portavoz, Edmundo Rodríguez, ha insistido en la necesidad de una amplia convocatoria de plazas en 2025 para garantizar un aumento significativo de juezas y jueces. Según Rodríguez, la actual administración de justicia enfrenta un grave «cuello de botella», y los tribunales de instancia no serán efectivos sin el personal necesario para su funcionamiento.
Un aspecto especialmente preocupante es el impacto en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, que asumirán nuevos casos relacionados con delitos sexuales a partir del próximo verano. Según los expertos, esta ampliación de competencias, junto con la entrada en vigor de la nueva ley en enero, podría generar una sobrecarga crítica en estos juzgados, poniendo en peligro su eficacia.
Además, algunos puntos de la norma han sido objeto de críticas por su redacción vaga. Sergio Oliva advirtió que las cláusulas indefinidas relacionadas con el reparto de casos entre magistrados y jueces generarán múltiples problemas interpretativos, complicando aún más la puesta en marcha de las oficinas judiciales.
En definitiva, aunque la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia representa un intento del Gobierno por modernizar el sistema judicial, su implementación plantea dudas considerables. Sin un respaldo presupuestario sólido ni una planificación detallada, la reforma corre el riesgo de agravar la situación actual, caracterizada por la litigiosidad creciente y una justicia ya sobrecargada.
