El fanatismo climático y la falta de mantenimiento de la gran mayoría de presas españolas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez se han convertido en un lastre estructural para el país entero. Decenas de embalses construidos entre las décadas de 1950 y 1970 acumulan sedimentos que reducen su capacidad real entre un 25% y un 40%, según reconoce el propio Ejecutivo. Esta colmatación obliga a verter agua de forma sistemática incluso en periodos de lluvias intensas, desperdiciando un recurso vital que debería almacenarse para los meses secos.

La consecuencia directa es que España ya no sabe retener el agua que cae del cielo. Ingenieros de caminos y expertos de la SEPREM y Fenacore alertan de que la falta de dragado y reparación de compuertas y desagües de fondo provoca desembalses innecesarios. En las últimas semanas, mientras los pantanos subían a toda velocidad, miles de hectómetros cúbicos se han perdido río abajo porque las presas no pueden acumular lo que antaño almacenaban. Este derroche agrava la vulnerabilidad ante futuras sequías, precisamente cuando el cambio climático hace más impredecibles los ciclos hidrológicos.

El impacto económico ya se palpa en la factura de la luz. Al no poder regular los caudales, la generación hidroeléctrica pierde eficiencia y estabilidad. España depende en gran medida de esta energía limpia y barata para equilibrar el mix; cuando los embalses no retienen agua, se recurre más a gas y ciclos combinados, cuyos costes se trasladan directamente al consumidor. El resultado es un encarecimiento estructural de la electricidad que pagan familias y empresas en plena transición energética impuesta por el mismo Gobierno.

Expertos consultados por varios medios especializados han sido tajantes: el abandono de las presas puede generar consecuencias «peores que el accidente ferroviario de Adamuz», donde 46 personas perdieron la vida en enero. Mientras aquel siniestro fue una tragedia puntual, una rotura o fallo grave en cualquiera de las 919 presas catalogadas en categoría A —aquellas cuya avería pondría en peligro vidas humanas— podría provocar centenares o miles de víctimas y daños incalculables. «Estamos jugando a la ruleta rusa con infraestructuras críticas», resumió un ingeniero de la Asociación de Caminos.

El riesgo no se limita a catástrofes puntuales. El suministro de agua para consumo humano, regadío y industria está en jaque. Comunidades de regantes del Segura y del Júcar denuncian que los desembalses forzosos por falta de capacidad dejan sin reservas los territorios más áridos. Lo que debería ser un seguro de vida ante la sequía se ha convertido en un coladero permanente por la inacción del Ministerio para la Transición Ecológica.

A esta negligencia se suma la demolición activa de presas impulsada por el fanatismo verde de Sánchez. Su Gobierno ha destinado millones de euros —incluidos los 2.500 anunciados hasta 2030 para «restauración fluvial»— a derribar infraestructuras hidroeléctricas y azudes bajo directrices europeas de renaturalización. Mientras los pantanos se desmoronan por falta de inversión en mantenimiento, se prioriza eliminar aquellos que aún funcionan para satisfacer agendas ideológicas que anteponen peces y «cauces libres» a la seguridad hídrica de millones de españoles.

España, que cuenta con la mayor red de embalses de Europa y fue modelo mundial de ingeniería hidráulica, ve ahora cómo su principal herramienta contra la sequía y la pobreza energética se degrada por decisiones políticas. El coste no solo se mide en euros o kilovatios: se mide en riesgo real para el suministro, en sequías que serán más duras y en una factura de la luz que no deja de subir. El fanatismo climático del Gobierno Sánchez no solo no protege el planeta; está dejando a España literalmente sin agua y sin luz.