El auto del juez Pedraz sostiene que la trama presuntamente vinculada a las denominadas “cloacas” políticas impulsó sospechas internas contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, provocando la apertura de dos informaciones reservadas en el seno del Instituto Armado tras la publicación en prensa de mensajes de WhatsApp atribuidos al exministro José Luis Ábalos. La resolución incorpora estas actuaciones dentro de una investigación más amplia sobre las presuntas maniobras dirigidas a obstaculizar las investigaciones judiciales.

El magistrado señala en su auto que los investigados habrían desarrollado acciones encaminadas a “inquietar el normal desenvolvimiento” de la actividad de la UCO en distintos procedimientos judiciales. Entre esas actuaciones, el juez menciona la generación de sospechas sobre agentes del cuerpo ante la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, lo que derivó en la apertura de expedientes de información reservada. El auto judicial no identifica expresamente quién promovió dichas sospechas ni concreta el mecanismo utilizado para trasladarlas a la dirección del Instituto Armado, según adelanta El Confidencial.

Según fuentes de la Guardia Civil citadas en la investigación, las informaciones reservadas abiertas tras la difusión de los mensajes de Ábalos concluyeron sin derivar en expedientes disciplinarios. Este tipo de procedimientos constituyen una fase preliminar destinada a esclarecer hechos antes de decidir la eventual incoación de un expediente formal.

La resolución judicial sitúa estas actuaciones en el contexto de una estrategia más amplia orientada, según el instructor, a erosionar la credibilidad de la UCO, unidad encargada de algunas de las principales investigaciones por corrupción que afectan al entorno político del Gobierno. El magistrado considera que los investigados también habrían promovido denuncias sucesivas contra agentes de la Guardia Civil ante la Fiscalía General del Estado, acompañadas posteriormente de difusión mediática. El objetivo, según el auto, habría sido instalar en el debate público la expresión “UCO patriótica” para cuestionar la neutralidad de los investigadores.

El documento judicial recoge igualmente supuestas actuaciones destinadas a recopilar información personal y reservada sobre mandos de la Guardia Civil implicados en investigaciones sensibles. Según el juez, esta recopilación de datos perseguía localizar elementos comprometidos que permitieran desacreditar o neutralizar a los responsables de las pesquisas.

Mercedes González, actual directora general de la Guardia Civil, había desarrollado previamente una trayectoria política vinculada al PSOE madrileño y ocupó un escaño en el Congreso antes de asumir la dirección del Instituto Armado.