El Ayuntamiento de Barcelona mantiene empadronadas a 3.885 personas en sólo cinco sedes de servicios sociales del distrito de Horta-Guinardó, una cifra que desde VOX han tildado de «escandalosa» y que, a su juicio, evidencia un uso distorsionado del registro municipal. Así lo ha denunciado esta formación tras recibir una respuesta oficial a una solicitud de información presentada por su grupo en el consistorio barcelonés.
Gonzalo de Oro, portavoz de VOX en el Ayuntamiento, ha aprovechado la ocasión para criticar duramente lo que califica como una «instrumentalización del padrón», acusando al actual gobierno municipal de permitir que esta herramienta administrativa se utilice para acceder irregularmente a servicios sociales. «No hay suficientes viviendas para todos, y mucho menos para personas que entran ilegalmente o que usurpan inmuebles», ha declarado.
Desde la formación aseguran que esta situación no es aislada y que forma parte de un patrón que, según ellos, se repite en diferentes distritos de la capital catalana. De hecho, recuerdan que hace pocos meses alertaron de que en un solo edificio de Nou Barris figuraban inscritas más de 5.900 personas, una cifra que consideraron completamente inviable.
VOX sostiene que el empadronamiento está siendo manipulado para facilitar el acceso fraudulento a ayudas públicas, perjudicando a quienes sí cumplen con las normativas. «Estamos ante un sistema desvirtuado que penaliza a los ciudadanos que actúan conforme a la ley», ha insistido De Oro, quien ha exigido medidas inmediatas.
En el último pleno municipal, el grupo liderado por De Oro presentó una propuesta para reformar la normativa vigente y restablecer la función original del padrón: reflejar con precisión el número real de habitantes, permitiendo así una gestión adecuada de recursos y servicios.
Para VOX, lo que está ocurriendo en Cataluña es consecuencia directa de una política de tolerancia promovida por gobiernos de signo independentista y socialista. «El empadronamiento se ha convertido en una especie de blindaje legal para los okupas, lo que ha colocado a nuestra comunidad en el centro del fraude censal», ha denunciado su portavoz, acusando a las instituciones de fomentar el colapso del sistema de bienestar.
La formación ha reiterado su llamado a establecer controles más estrictos, reforzar la verificación de los datos del padrón y evitar que sedes administrativas o locales públicos sean utilizados como domicilios ficticios. Según VOX, esta práctica distorsiona la realidad poblacional de la ciudad y repercute negativamente en el acceso a prestaciones y en los derechos de los vecinos.