La batalla judicial contra las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid entra en una nueva fase con una cuestión de enorme impacto económico: la devolución de las multas impuestas durante los años en los que estuvo en vigor la normativa anulada por los tribunales. En juego hay más de 3,5 millones de sanciones y cerca de 700 millones de euros que, según las asociaciones de conductores, el Ayuntamiento debería reintegrar a los afectados.

El conflicto se remonta al otoño de 2021, cuando comenzaron a aplicarse las ZBE en la capital. Casi al mismo tiempo, Automovilistas Europeos Asociados (AEA) presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al considerar que la regulación municipal vulneraba el ordenamiento jurídico.

Tres años después, en septiembre de 2024, el TSJM anuló las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid. El Ayuntamiento recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación, pero el pasado 21 de abril el alto tribunal inadmitió el recurso, dejando firme la resolución que anulaba las antiguas ZBE.

El Ayuntamiento aprobó unas nuevas ZBE antes del fallo definitivo

Ante la previsión de que el recurso no prosperara, el Ayuntamiento aprobó previamente una nueva regulación de las Zonas de Bajas Emisiones, derogando la anterior. De este modo, el Consistorio sostuvo que había dado cumplimiento a la sentencia sin necesidad de eliminar el actual sistema de restricciones.

Sin embargo, el principal interrogante afectaba a las sanciones ya impuestas bajo la normativa anulada. Según los cálculos difundidos por Automovilistas Europeos Asociados, durante ese periodo se tramitaron más de 3,5 millones de multas, cuyo importe conjunto ronda los 700 millones de euros.

Pese a ello, el Ayuntamiento ha mantenido los procedimientos de cobro y ha defendido que la sentencia únicamente afectaba a determinadas Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección, una interpretación que, según la asociación, ha sido rechazada posteriormente por distintas resoluciones judiciales.

Los conductores deben reclamar caso por caso

La consecuencia práctica es que los conductores que abonaron una sanción deben iniciar individualmente un procedimiento administrativo para solicitar la devolución de su dinero.

El presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, considera que este sistema supone una carga burocrática desproporcionada y reclama que el Ayuntamiento proceda de oficio a devolver el importe de todas las multas cobradas al amparo de la normativa anulada.

La asociación sostiene que mantener la obligación de recurrir expediente por expediente provocaría que muchos afectados renuncien a reclamar cantidades que, a su juicio, fueron cobradas en aplicación de una regulación posteriormente anulada por los tribunales. De mantenerse esta situación, añade, el Consistorio conservaría el dinero correspondiente a aquellas sanciones cuyos titulares no inicien el procedimiento de devolución.