
El relato de la convergencia europea se ha roto. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez presume de un «cohete económico» en plena campaña propagandística, los datos publicados por The Objective y El Economista revelan una verdad dolorosa: los españoles son, en términos reales, más pobres que en 2002, y el país ha perdido toda capacidad de acercarse al corazón de Europa.
Según cifras oficiales, la renta familiar disponible en España está actualmente en el 88% de la media europea, por debajo del nivel que tenía cuando se adoptó el euro hace más de dos décadas. No sólo no se ha avanzado: hemos retrocedido. La presión fiscal ha devorado cualquier mejora salarial y las transferencias estatales —subvenciones, ayudas y subsidios— han sustituido al salario como motor de consumo. El resultado: una sociedad dependiente del Estado, sin ahorro ni capacidad de inversión.
Y mientras tanto, Irlanda vuela. En 1994, los sueldos eran similares: 32.000 euros en España y 34.000 en Irlanda. Treinta años después, el salario medio irlandés asciende a 55.000 euros, mientras el español apenas roza los 33.000. La diferencia no es sólo salarial, es estructural, ideológica y moral: mientras España se hundía en un modelo de bajos salarios, fiscalidad confiscatoria y dependencia burocrática, Irlanda apostó por el valor añadido, la atracción de multinacionales y un marco competitivo.
La brecha de más del 60% en sueldos refleja el coste real del consenso económico entre PSOE y PP, que durante tres décadas han compartido una misma política: altos impuestos, precariedad laboral, desprecio al emprendimiento, gasto improductivo y captura del Estado por élites político-financieras.
No estamos ante una simple diferencia de modelos, sino ante la bancarrota de todo un régimen económico nacido de la Transición. Un régimen que, protegido por Bruselas, aplaudido por los medios y apuntalado por tecnócratas sin patria, ha condenado a una generación de jóvenes españoles a vivir peor que sus padres, pagar más impuestos que nunca y tener menos acceso que nunca a vivienda, ahorro o familia.
Y el relato aún persiste. Mientras se impulsa el aumento del gasto público, la contratación masiva de burócratas y el reparto ideológico de subvenciones, las cifras de productividad, inversión privada, renta y salarios reales confirman que el modelo económico español está quebrado.