La moción de VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha que pedía tramitar de forma urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que lleguen ilegalmente a España, así como de aquellos residentes legales que cometan delitos graves o reincidan en faltas leves, fue rechazada este jueves por la mayoría parlamentaria. Tanto el Partido Popular como el PSOE votaron en contra de la propuesta presentada por la formación liderada por David Moreno en la región.

Durante el debate parlamentario, el portavoz de VOX insistió en rechazar de plano el plan del Ejecutivo central para distribuir menores migrantes (menas) entre las comunidades autónomas. En su intervención, Moreno cargó contra lo que denominó “reparto sistemático de personas que acceden irregularmente por las costas”, y apostó en su lugar por una inmigración “controlada y legal”, argumentando que esa es la única vía para eliminar el llamado “efecto llamada” y evitar que continúe la tragedia en el Mediterráneo.

En esa línea, aseguró que su grupo no actúa por odio, sino “por amor a los nuestros y respeto a los que llegan cumpliendo las normas”. Negó que su discurso contenga mensajes de odio y recalcó que sólo pretenden proteger el orden y la seguridad, tanto para los ciudadanos españoles como para los extranjeros que respetan las leyes.

Uno de los puntos más polémicos fue su afirmación sobre la población penitenciaria: según Moreno, de los 847 nuevos reclusos que ingresaron en prisiones españolas durante 2023 y que permanecen en ellas, únicamente 12 serían españoles. Con esta cifra, responsabilizó tanto a populares como socialistas de haber contribuido al clima de inseguridad que, en su opinión, sufren muchas localidades de Castilla-La Mancha y del resto del país.

Asimismo, se mostró crítico con la decisión del Gobierno de enviar a la región a partir de agosto a 320 menores extranjeros no acompañados, una medida que incluye una transferencia de 4,1 millones de euros. Acusó a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, de preocuparse únicamente por el dinero y no por la capacidad real del sistema de acogida, preguntándose dónde serán ubicados los menores si las plazas están ya “casi al completo”.

Por su parte, el Partido Popular, a través del diputado José Antonio Martín-Buro, se desmarcó de la propuesta de VOX, calificándola de “mezcla incoherente de planteamientos imposibles de ejecutar y fuera del marco competencial de estas Cortes”. A su juicio, recurrir a recetas simplistas frente a desafíos complejos no solo es inútil, sino que contribuye a agravar los problemas existentes.

Desde el Partido Socialista, el parlamentario José Antonio Contreras se mostró aún más crítico. Subrayó que la inmigración debe considerarse una oportunidad y no una amenaza, y advirtió sobre el riesgo de alimentar el miedo y los prejuicios. “El problema no son los migrantes, sino el racismo, la intolerancia y la demonización que algunos promueven desde posturas extremas”, dijo, acusando al partido patriota de fomentar un clima social cada vez más tóxico.