El último periodo de sesiones en las Cortes Valencianas ha concluido con la aprobación y posterior publicación de una reforma profunda del Reglamento del Parlamento autonómico, un cambio normativo impulsado por el Partido Popular gracias a la petición de VOX, que ambos cuentan con mayoría absoluta en la Cámara. El texto fue sacado adelante por el procedimiento de lectura única y sin aceptar enmiendas de la oposición, y quedó oficialmente publicado en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana el pasado 30 de diciembre.

Ahora, la modificación ha dado un paso más al aparecer también en el Boletín Oficial del Estado, lo que refuerza su plena vigencia jurídica. Entre las novedades más visibles figura la supresión del llamado lenguaje inclusivo en el ámbito parlamentario valenciano, así como la desaparición de las comisiones específicas de LGTBI, Derechos Humanos, Participación y Asuntos Europeos.

La exposición de motivos de la reforma subraya la necesidad de unificar y clarificar los procedimientos de elección de las mesas tanto de las comisiones como del propio Parlamento. Para ello, se introducen reglas más detalladas de votación, con candidaturas cerradas y paritarias, con el objetivo declarado de dotar al sistema de mayor objetividad y transparencia.

Otro de los ejes del cambio es la reorganización del mapa de comisiones permanentes, tanto legislativas como no legislativas. El nuevo Reglamento redefine competencias, redistribuye materias y fija una actividad mínima obligatoria, buscando —según el propio texto— fortalecer la función de control parlamentario sobre la acción del Consell.

La reforma también dedica especial atención al Debate de Política General, que pasa a estar regulado con mayor precisión para garantizar una estructura más ordenada y permitir que los grupos de la oposición puedan fiscalizar de forma más eficaz la labor del Gobierno autonómico.

Desde el preámbulo se insiste en que estos cambios no alteran la esencia democrática del anterior Reglamento ni recortan los derechos de los diputados. Por el contrario, se afirma que las modificaciones responden a necesidades detectadas con la práctica parlamentaria y persiguen hacer del Reglamento una herramienta más clara, útil y adaptada a la realidad institucional, reforzando además la seguridad jurídica.

En el plano económico y de control interno, el nuevo texto introduce cambios en la fiscalización de las subvenciones a los grupos parlamentarios, que pasan a depender de una normativa interna específica en lugar de la Ley General de Subvenciones. Asimismo, se amplía el acceso de las Cortes a la información de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana (CACVSA).

Pese a su aprobación, la reforma no ha cerrado la polémica política. Tanto el PSPV-PSOE como Compromís anunciaron que recurrirán el nuevo Reglamento ante el Tribunal Constitucional, al considerar que el procedimiento seguido y parte del contenido vulneran su derecho a la participación parlamentaria.