La falta de infraestructuras hidráulicas para prevenir grandes avenidas de agua en la Comunidad Valenciana continúa siendo una de las principales reclamaciones del sector agrario tras la dana de octubre de 2024, que dejó 231 fallecidos. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha reclamado al Gobierno de Sánchez que impulse un plan de ejecución de estas obras para reducir el impacto de futuras lluvias torrenciales.
La organización agraria ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se adoptan medidas de gestión de los riesgos de inundación. En ellas reclama que las infraestructuras hidráulicas sean una prioridad dentro de las actuaciones destinadas a minimizar los efectos de las riadas.
AVA considera insuficiente que la normativa centre las actuaciones de reducción del riesgo exclusivamente en las limitaciones de los usos del suelo, la adaptación de edificaciones y las medidas de protección civil. Por ello, reclama una gestión integral que incluya la identificación, planificación, ejecución y mantenimiento de las infraestructuras existentes, proyectadas o que sean necesarias.
Según la asociación, estas obras pueden contribuir a regular, laminar, almacenar, derivar y conectar cauces, con el objetivo de reducir los caudales punta y retrasar las avenidas. La organización cita como ejemplo la presa de Forata durante el episodio del 29 de octubre de 2024.
De acuerdo con el análisis del Ministerio para la Transición Ecológica citado por AVA, el caudal punta de entrada al embalse superó los 2.016 metros cúbicos por segundo, mientras que el máximo de salida se situó en 1.092 metros cúbicos por segundo. La organización sostiene que, sin la presa, los caudales punta aguas abajo habrían sido un 25% o 30% superiores, mientras que la avenida se habría adelantado entre diez y 20 minutos. Además, el periodo con caudales extremos superiores a 3.000 metros cúbicos por segundo habría aumentado hasta unas siete horas.
El Ministerio estimó que la presa de Forata evitó 1.682 millones de euros en daños económicos y permitió proteger a unas 5.638 personas respecto al escenario hipotético en el que no hubiera existido la infraestructura.
Reparación de explotaciones agrarias
AVA también reclama modificar las restricciones previstas para las actuaciones en suelo rural situado en zonas de flujo preferente. En particular, pide que no se apliquen a las obras de reparación, rehabilitación, reconstrucción o sustitución de edificaciones e instalaciones agrícolas y ganaderas que ya fueran legales antes de las inundaciones.
La organización considera que estas actuaciones deben poder ejecutarse cuando tengan como finalidad recuperar la actividad que existía antes de los daños provocados por inundaciones, fenómenos meteorológicos extraordinarios u otras situaciones de emergencia.
Además, AVA reclama establecer un mecanismo de compensación económica para propietarios afectados cuando una crecida extraordinaria provoque modificaciones en los cauces y parte de sus terrenos privados pase a formar parte del Dominio Público Hidráulico.
La propuesta plantea que, cuando resulte técnica o económicamente inviable recuperar esos terrenos, sus titulares reciban una compensación mediante el procedimiento de expropiación forzosa, tomando como referencia el valor de las parcelas antes del episodio de inundación.
