La Audiencia Provincial de Madrid se dispone a resolver en las próximas semanas una serie de recursos que pueden condicionar de manera determinante el rumbo penal de Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno. El procedimiento, instruido por el juez Juan Carlos Peinado desde hace más de un año, investiga la posible comisión de delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral.

Según fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli, la Sección 23 de la Audiencia de Madrid tiene actualmente sobre la mesa al menos cinco resoluciones pendientes relacionadas con decisiones adoptadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 41. Una cifra variable, explican las mismas fuentes, debido a la estrategia procesal de las partes, que recurren de forma sistemática cada movimiento del instructor.

Entre los recursos de mayor calado se encuentra el presentado por la defensa de Begoña Gómez contra la decisión del juez Peinado de que los cinco delitos investigados sean enjuiciados mediante un jurado popular. De mantenerse este criterio, el veredicto recaería en nueve ciudadanos sin formación jurídica, y no en un tribunal profesional, un escenario que podría alterar sustancialmente el desarrollo del proceso.

El instructor justificó esta opción en una resolución dictada el pasado mes de octubre, al considerar que el delito de tráfico de influencias figura entre los supuestos atribuidos de manera exclusiva al Tribunal del Jurado, lo que, a su juicio, obligaba a extender este modelo al resto de ilícitos investigados. Frente a esta interpretación, el abogado Antonio Camacho interpuso recurso de apelación al entender que la decisión resultaba irregular y que los delitos no cumplían los requisitos de conexidad previstos en la Ley del Jurado.

Esta controversia se suma a los intentos previos del juez Peinado de dividir la causa en dos procedimientos distintos, con jurados separados. Una de las ramas se habría centrado en la presunta intermediación de Begoña Gómez en favor del empresario Juan Carlos Barrabés para la obtención de contratos públicos, el registro a su nombre de un software vinculado a la Universidad Complutense de Madrid y la elaboración de pliegos técnicos. La otra línea se habría reservado para el delito de malversación.

En relación con este último, el instructor abrió en marzo de 2025 una pieza separada para investigar de forma autónoma la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa. La Audiencia de Madrid avaló que se indagara en la posible malversación al apreciar indicios relacionados con el nombramiento de una persona descrita como “amiga íntima de Begoña Gómez”. Sin embargo, el órgano superior rechazó la apertura de una pieza separada al considerarla prematura y carente de base fáctica suficiente, y ordenó que los cinco delitos se investigaran de manera conjunta.

Es precisamente en este punto donde permanece abierta una de las incógnitas principales del procedimiento: si el conjunto de los delitos será finalmente sometido al veredicto de un jurado popular o si la causa seguirá otro cauce procesal.

El denominado caso Begoña Gómez se inició en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias y entra ahora en su tramo decisivo. El juez Juan Carlos Peinado dispone de plazo hasta el próximo mes de abril para completar la práctica de testificales y diligencias, con la intención de no solicitar una nueva prórroga de la instrucción.

El calendario personal del instructor añade presión a la causa. El juez Peinado alcanzará los 72 años el próximo 27 de septiembre y prevé jubilarse en esa fecha, tras haber prolongado su actividad más allá del límite ordinario de los 70 años. Su objetivo, según las fuentes consultadas, es dejar la investigación cerrada antes de colgar la toga, incluso aunque la Audiencia no haya resuelto todavía la totalidad de los recursos pendientes.