La imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha abierto una nueva línea de investigación sobre el papel que habrían desempeñado altos cargos de la Administración en la presunta red de influencias que examina la Audiencia Nacional. Fuentes próximas a las pesquisas avanzan a El Confidencial que la causa no se limita a los movimientos del exlíder socialista y de su entorno más cercano, sino que apunta también a responsables públicos que habrían recibido gestiones, llamadas o presiones para facilitar contratos, ayudas, aplazamientos de deuda u otras decisiones favorables a determinados empresarios.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional habría localizado, durante el análisis del material intervenido en la primera fase de la operación, mensajes y correos electrónicos que reflejarían cómo Zapatero facilitó a su amigo Julio Martínez, vinculado a Análisis Relevante, el acceso a dirigentes políticos y funcionarios con capacidad de decisión. Según esas fuentes, algunos nombres ya han aparecido en el procedimiento, mientras que otros todavía no han trascendido públicamente.

El juez José Luis Calama sitúa al expresidente en el centro de una presunta estructura organizada dedicada al ejercicio ilícito de influencias. En su resolución, el magistrado sostiene que Zapatero habría puesto su agenda, sus contactos personales y su capacidad de entrada en altos niveles de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener resoluciones favorables. La investigación trata ahora de determinar hasta dónde llegaron esas gestiones y qué cargos públicos pudieron intervenir en ellas.

Los intereses de los clientes de la supuesta red no eran siempre los mismos. Unos buscaban contratos de obra pública; otros pretendían obtener información estratégica, desbloquear expedientes, acelerar trámites administrativos o lograr reuniones con responsables concretos. La presunta operativa consistía, según la investigación, en abrir puertas institucionales a cambio de comisiones o pagos canalizados a través del entorno empresarial analizado por la Audiencia Nacional.

Uno de los ejemplos que ya había salido a la luz afecta al sector energético. Un cliente de Análisis Relevante habría solicitado una reunión con Beatriz Corredor, exministra de Vivienda y actual presidenta de Red Eléctrica Española, para tratar de impulsar proyectos de plantas solares y asegurar posteriormente su conexión a la red de distribución. Ese tipo de gestiones son las que los investigadores encuadran dentro del presunto uso privado de relaciones políticas.

La parte más avanzada de la causa sigue siendo, por ahora, la relativa al rescate de Plus Ultra. La aerolínea recibió ayuda pública a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, y aprobado finalmente por el Consejo de Ministros en marzo de 2021. El auto del juez recoge que directivos de la compañía se felicitaron días antes de que se anunciara oficialmente la inyección económica, un extremo que ha reforzado las sospechas sobre el grado de conocimiento previo que pudieron tener.

El magistrado deberá aclarar si hubo presiones sobre miembros del Gobierno o sobre organismos dependientes de la Administración en la concesión del rescate. La investigación subraya que Zapatero mantenía una amplia red de relaciones con varios ministros y altos cargos de aquel momento, lo que obliga ahora a revisar si esas conexiones fueron utilizadas de forma irregular para beneficiar a la compañía aérea.

Entre los nombres mencionados en el auto figuran José Luis Escrivá, entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y hoy gobernador del Banco de España, y Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes y actual presidente de Correos. El juez alude a ambos dentro del análisis de las gestiones que habrían rodeado a Plus Ultra y a otros expedientes relacionados con la supuesta trama.

El caso de Escrivá se centra en la deuda que Plus Ultra mantenía con la Tesorería General de la Seguridad Social. La aerolínea había solicitado en agosto de 2017 un aplazamiento de 136.506 euros, que le fue concedido al mes siguiente. La normativa permite este tipo de fraccionamientos, con un plazo máximo de cinco años, intereses y un calendario de amortización fijado por resolución.

La situación cambió con la pandemia. El 26 de marzo de 2020, la compañía pidió una primera reconsideración del aplazamiento alegando dificultades económicas derivadas del covid. La Tesorería aceptó la solicitud el 23 de abril, momento en el que la deuda aplazada ascendía ya a 308.475 euros. Pero el nuevo calendario tampoco resultó suficiente para la empresa.

El 29 de junio de ese mismo año, Plus Ultra volvió a solicitar una segunda reconsideración. Según recoge el auto, dentro de la propia compañía existía preocupación por esa nueva petición, ya que la Tesorería no solía ver con buenos ojos varias revisiones de deuda en un mismo ejercicio. La Administración permaneció más de tres meses sin responder, plazo tras el cual la solicitud podía considerarse desestimada por silencio administrativo.

De haberse producido esa desestimación, la aerolínea habría tenido que afrontar el pago en los términos inicialmente previstos. En caso contrario, se habría abierto la vía de apremio, con el riesgo de embargo de bienes y cuentas. Sin embargo, el 5 de octubre de 2020 la compañía obtuvo finalmente un nuevo aplazamiento, esta vez por una deuda total de 451.955 euros.

Ese visto bueno llegó aproximadamente un mes después de la reunión que mantuvieron José Luis Rodríguez Zapatero y José Luis Escrivá en septiembre de 2020. Para los investigadores, la coincidencia temporal es uno de los elementos que deben ser examinados para determinar si existió una intervención del expresidente en favor de Plus Ultra.

El dato adquiere más relevancia porque no todas las solicitudes de aplazamiento formuladas durante la pandemia fueron aceptadas. Según los datos citados en la causa, de 63.437 expedientes de aplazamientos covid presentados ante la Seguridad Social, 11.657 fueron denegados, lo que representa un 18,4% del total.

La investigación se adentra así en una dimensión más amplia que la mera relación entre Zapatero y Análisis Relevante. La Audiencia Nacional intenta reconstruir si existió una red estable de intermediación que utilizó contactos políticos de primer nivel para favorecer a empresas privadas y si esas gestiones tuvieron respuesta dentro de la propia Administración. El avance de la causa dependerá ahora del análisis de los correos, mensajes y documentos intervenidos, así como de la identificación de los altos cargos que pudieron participar en las decisiones investigadas.