El censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA) ha aumentado un 16,31% desde las elecciones generales del 23 de julio de 2023, en un contexto marcado por la incertidumbre política y las crecientes especulaciones sobre un posible adelanto electoral. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de mayo de 2026 el número de electores inscritos en el CERA asciende a 2.708.083, frente a los 2.328.261 registrados en la cita electoral de hace tres años, lo que supone cerca de 400.000 nuevos votantes potenciales, según datos analizados este sábado por El Debate.

La evolución del censo coincide con un escenario de crecientes escándalos del Gobierno. Tras perder la mayoría de investidura en el Congreso de los Diputados, con Junts favorable a que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza y el PNV defendiendo la convocatoria de elecciones si no salen adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, el debate sobre un eventual adelanto electoral ha cobrado fuerza. No obstante, Pedro Sánchez mantiene públicamente su intención de agotar la legislatura hasta 2027.

El incremento del voto CERA no ha sido homogéneo en todo el territorio. Casi 20 provincias registran aumentos superiores a la media nacional y seis superan el 20% de crecimiento: Álava, Baleares, Gerona, Madrid, Soria y Tarragona.

Además, el peso relativo del electorado exterior continúa aumentando. Si en las últimas elecciones generales los inscritos en el CERA representaban el 9,33% del censo total, actualmente en diez provincias superan ya el 10% de los electores. Destacan Orense, donde el voto exterior equivale al 30,68% del censo provincial; Lugo, con el 22,41%; Pontevedra, con el 16,08%; La Coruña, con el 16,03%; Zamora, con el 14,6%; y Asturias, con el 14,51%.

El crecimiento del censo coincide con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que ha permitido ampliar el acceso a la nacionalidad española para descendientes de emigrantes. Mientras el Ejecutivo destaca que ya se han aprobado más de 545.000 nacionalidades por esta vía, continúa pendiente de resolución un recurso contencioso-administrativo presentado contra la instrucción que desarrolló la norma.

La demanda sostiene que dicha instrucción amplió el alcance de la ley más allá de lo aprobado por las Cortes y solicita la nulidad tanto de ese desarrollo reglamentario como de las concesiones tramitadas al amparo del mismo.